Magistrado reafirma pedido de diálogo al Congreso
“Estamos viendo con los notarios qué funciones que no son de derecho público podrían transferirse por ley al notariado”.
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, garantizó su presencia en la reunión que el 9 de enero sostendrá el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, y adelantó que allí reafirmará su posición de pedir al Congreso que consulte con la institución a su cargo cualquier modificación legislativa que pretenda hacer en este ámbito.
En ese sentido, el magistrado dijo “el martes asistiré a la reunión del consejo, donde defenderé mi posición con claridad”.
Argumentó, en ese contexto, que “no se puede hacer una reforma del Poder Judicial a espaldas del Poder Judicial”. Por tanto, insistió en solicitar al Parlamento “total respeto a la independencia judicial y diálogo”.
“Si van a proponer una legislación, conversen con nosotros y vamos a ver si es constitucional, si es pertinente y si es oportuna”, recalcó Arévalo.
Indicó que si se está planteando en el Legislativo una comisión para reformar al Poder Judicial “primero conversemos”. Refirió que la institución a su cargo ha presentado diversos proyectos de ley; “sin embargo, no hemos tenido la respuesta adecuada”.
“Lo que debería hacer el Estado legislativo es reunirse con nosotros y decirnos que está pendiente”, indicó Arévalo, quien señaló que varios de los proyectos de ley que el Poder Judicial ha presentado versan sobre esos aspectos.
Proyectos específicos
Así, mencionó el proyecto de la ley de oralidad civil, cuya aprobación “contribuiría mucho con los procesos”, acelerándolos. “Dejaríamos engorrosos trámites de papeles por los procesos orales en materia civil”, añadió.
También dijo que está pendiente de debate en el parlamento la iniciativa sobre las unidades de flagrancia, destinadas a combatir a la delincuencia, así como una reforma de los artículos 1 y 2 de la Ley Procesal de Trabajo “que permitirá celeridad en procesos laborales de los trabajadores que ganan menos”.
Indicó, asimismo que, a fin de contribuir a descongestionar la carga procesal judicial “estamos viendo con los notarios qué funciones que no son de derecho público podrían transferirse por ley al notariado”.
Todas las iniciativas mencionadas requieren del apoyo del Parlamento, señaló Arévalo. “No lo podemos hacer nosotros por resolución administrativa o sentencia, sino que requieren de una ley”, acotó.