A un año del cambio de autoridades, el dinero público vuelve a la palestra.

Los presupuestos provinciales revelan prioridades, silencios y deudas políticas. Elegir bien ya no es una opción: es una responsabilidad colectiva.

El Año Fiscal 2026 no es uno más para el departamento de San Martín. Es el último presupuesto de la actual gestión municipal, el cierre de un ciclo donde las cifras dejan de ser promesas y se convierten en balance. En total, las 10 municipalidades provinciales administran S/ 211 millones 024 mil 127 en gasto corriente, recursos destinados principalmente a personal, bienes y servicios, obligaciones sociales y funcionamiento del Estado local, según datos de Transparencia Económica del MEF.

En la cúspide del gasto aparece MOYOBAMBA, capital regional, con un presupuesto de S/ 45 millones 750 mil 904, apenas por encima de la Municipalidad Provincial de SAN MARTÍN (Tarapoto), que maneja S/ 47 millones 226 mil 469, consolidándose como la municipalidad con mayor presupuesto provincial del departamento. Ambas concentran casi la mitad del gasto corriente total, reflejo de su peso administrativo, poblacional y político. El grueso de sus recursos se va en personal y bienes y servicios, lo que plantea una pregunta incómoda: ¿Cuánto de este gasto se traduce en mejores servicios reales para el ciudadano?

En el otro extremo del tablero está HUALLAGA, con apenas S/ 7 millones 609 mil 059, convirtiéndose en la provincia con menor presupuesto. Le siguen EL DORADO con S/ 10 millones 180 mil 800 y PICOTA con S/ 10 millones 726 mil 341. Presupuestos ajustados, territorios amplios y demandas sociales crecientes conforman una ecuación difícil, donde cada sol mal gastado se siente el doble.

En la franja intermedia aparecen RIOJA (S/ 22 millones 977 mil 770), MARISCAL CÁCERES (S/ 20 millones 258 mil 699) y TOCACHE (S/ 18 millones 600 mil 608), provincias que han apostado fuerte por el gasto en bienes y servicios, buscando sostener servicios básicos, seguridad ciudadana y mantenimiento urbano. LAMAS (S/ 14 millones 832 mil 501) y BELLAVISTA (S/ 12 millones 860 mil 976) cierran el grupo con presupuestos moderados, donde la eficiencia ya no es un discurso técnico sino una urgencia política.

Pero más allá del ranking, este presupuesto revela otra verdad: 2026 es un año de tránsito. No abundan las grandes apuestas nuevas; predominan los proyectos “encaminados”, aquellos que la actual gestión deja avanzados para que la siguiente los continúe. Fortalecimiento de servicios municipales, mantenimiento de infraestructura urbana, modernización administrativa, gestión de residuos sólidos, seguridad ciudadana y saneamiento básico aparecen como los ejes que hereda la próxima autoridad. No son obras vistosas, pero sí determinantes para la calidad de vida diaria.

El riesgo es conocido: proyectos a medio camino, estudios sin ejecución, gasto corriente que crece mientras la confianza ciudadana se achica. Por eso este último presupuesto no solo se analiza con calculadora, sino con memoria. Las cifras muestran qué se priorizó y qué se postergó. Y, sobre todo, nos recuerdan que el voto también administra presupuesto.

Porque cuando llegue el momento de elegir nuevas autoridades, no podremos decir que no sabíamos. El dinero público ya contó su historia. A la hora de elegir, no nos podemos volver a equivocar: la responsabilidad es nuestra.

Además

Muchos gobiernos locales enfrentan ineficiencia estructural, con grandes saldos sin ejecutar (más de S/9,700 millones en proyectos de inversión en 2024), debido a fallas en la formulación de expedientes técnicos y licitaciones, y una normativa engorrosa, afectando servicios clave como salud y saneamiento, aunque se observan mejoras en áreas como orden público y seguridad.

Si una transferencia efectiva (devengada y girada) llega a un gobierno local en octubre, es casi imposible que pueda ejecutar todo el proyecto a fin de año. A esto se le suma la corrupción que traba los procesos de licitación cuando las empresas perdedoras impugnan ante OCSE, el problema es más que técnico. El Estado, en sus tres niveles, tiene un problema estructural causado por una mala normatividad y por ineficiencias en personal público. La meritocracia, normal en la gestión privada, no existe en nuestro sector público.