Cuando el poder se ejerce sin responsabilidad fiscal ni conexión social, la democracia se degrada. La ciudadanía enfrenta una disyuntiva urgente: exigir rendición de cuentas o aceptar un camino de mayor desigualdad, sometimiento y pobreza estructural.

En el Perú reciente, la distancia entre la ciudadanía y sus representantes se ha convertido en una grieta cada vez más profunda. Entre 2021 y 2025, el Congreso de la República del Perú ha aprobado más de 100 leyes con impacto fiscal negativo, generando un perjuicio superior a S/ 35,000 millones para el Estado. Según el Consejo Fiscal del Perú, no se trata de hechos aislados, sino de una práctica sistemática que compromete la estabilidad macroeconómica del país, triplicando el ritmo de aprobación de normas de gasto respecto a periodos anteriores.

El panorama es aún más preocupante si se considera el acumulado: 229 leyes con impacto fiscal adverso ya aprobadas y 352 adicionales en trámite. De concretarse este paquete legislativo, el déficit fiscal podría incrementarse en cinco puntos porcentuales del PBI, elevando la deuda pública hasta un alarmante 70% del PBI en la próxima década. Las cifras evidencian no solo desorden, sino una peligrosa falta de sostenibilidad en la toma de decisiones públicas.

El peso de esta situación recae principalmente en una mayoría parlamentaria que ha optado por aprobar iniciativas incluso por insistencia, desoyendo las advertencias técnicas del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. Muchas de estas normas están orientadas a incrementos remunerativos, especialmente en el sector educación, sin evidencia clara de mejoras en la calidad del servicio, lo que agrava la ineficiencia del gasto público.

En paralelo, se ha producido un giro significativo en la política tributaria. De acuerdo con el informe “Democracia y Tributación Justa” del Grupo de Justicia Fiscal Perú, más de la mitad de la legislación tributaria de los últimos 15 años se concentró en este periodo. Ya no se trata solo de extender beneficios existentes, sino de crear nuevos incentivos fiscales de alto costo.

Entre los casos más representativos figura la Ley 31969, que otorga beneficios a la industria textil con un costo anual cercano a S/ 3,000 millones. Le siguen la Ley 32434, que amplía privilegios al sector agrario por S/ 1,580 millones, y la Ley 31980, vinculada a proyectos inmobiliarios en el Centro Histórico de Lima, con un impacto de S/ 210 millones. A ellas se suma la Ley 32309, que promueve la producción audiovisual con un costo de S/ 100 millones anuales. En conjunto, estas medidas erosionan los ingresos del Estado en un contexto de creciente presión fiscal.

Mientras tanto, dentro del propio Parlamento, la realidad parece transcurrir en otra dimensión. Los congresistas perciben un sueldo base de S/ 15,600, que puede superar los S/ 46,000 mensuales al incluir asignaciones y beneficios. A esto se añade un seguro médico privado “premium”, financiado íntegramente con recursos públicos, con un costo superior a S/ 9.5 millones para el periodo 2025-2026, que incluso cubre atenciones en el extranjero por hasta $35,000 y se extiende a familiares directos.

La desconexión se evidenció aún más con la propuesta —posteriormente retirada— de elevar los salarios parlamentarios a más de S/ 34,000 mensuales en el contexto del retorno a la bicameralidad. Aunque la presión ciudadana logró frenar la medida, su postergación deja abierta una interrogante inquietante sobre las verdaderas prioridades del poder legislativo.

Así, entre decisiones que comprometen el futuro fiscal del país y privilegios que contrastan con la realidad de millones de peruanos, emerge una pregunta inevitable: ¿cómo sostener la confianza en un sistema que parece legislar para unos pocos? La respuesta no es sencilla, pero sí urgente. Fortalecer los mecanismos de control ciudadano, exigir transparencia, promover reformas institucionales y defender activamente la rendición de cuentas son pasos indispensables para evitar que la democracia continúe debilitándose.

De lo contrario, el rumbo es claro: más desigualdad, mayor desconfianza y un progresivo deterioro de las condiciones de vida para las mayorías, mientras una élite política consolida beneficios al margen del interés común.