En un país donde más del 70% de trabajadores permanece en la informalidad, especialistas advierten que el verdadero desafío no es defender puestos existentes, sino generar oportunidades reales de empleo formal para millones de peruanos excluidos del sistema.

Durante años, el debate laboral en el Perú ha girado en torno a la protección de los empleos formales existentes. Sin embargo, esta mirada resulta cada vez más insuficiente frente a una realidad contundente: más del 70% de la población laboral se encuentra en la informalidad, sin acceso a seguridad social, estabilidad ni derechos básicos. Esta situación revela una profunda brecha entre la normativa vigente y las condiciones reales del mercado laboral.

El enfoque tradicional, centrado en preservar puestos de trabajo formales, ha terminado beneficiando a una minoría, mientras la mayoría de trabajadores opera al margen del sistema. En ese contexto, surge con fuerza la necesidad de replantear el modelo: pasar de proteger empleos a promover su creación.

Experiencias recientes en la región, como la reforma laboral impulsada en Argentina, han puesto sobre la mesa una discusión clave. Entre sus principales objetivos destacan la reducción de la litigiosidad laboral, la simplificación de los esquemas de contratación y la mayor previsibilidad para las empresas, especialmente para las micro y pequeñas empresas (mypes). La propuesta no apunta a eliminar derechos, sino a equilibrar el sistema para facilitar la formalización.

Este enfoque resulta especialmente relevante para el Perú, donde las mypes constituyen la mayor parte del tejido productivo y enfrentan altos costos no salariales y trámites administrativos complejos, que muchas veces terminan desincentivando la contratación formal. En lugar de generar más empleo, la rigidez normativa puede empujar a más trabajadores hacia la informalidad.

Frente a este escenario, especialistas coinciden en que una agenda de modernización laboral debería centrarse en tres ejes fundamentales: simplificar los procesos de contratación y despido, para reducir la incertidumbre legal; revisar los costos no salariales, que representan una barrera significativa para las empresas; y diseñar un sistema más inclusivo, que permita la incorporación progresiva de trabajadores informales sin imponer requisitos inalcanzables.

Lejos de debilitar derechos, esta propuesta busca fortalecerlos desde la realidad. Un mercado laboral más dinámico y formal es la vía más efectiva para garantizar derechos laborales reales, ya que quienes trabajan en la informalidad, por definición, carecen de ellos.

El desafío para el Perú es claro: construir una “nueva formalidad”, donde las normas laborales no estén diseñadas solo para una minoría, sino que respondan a las condiciones de la mayoría. Porque en un país marcado por la informalidad, la verdadera protección no está en el papel, sino en la posibilidad concreta de acceder a un empleo formal.