¿Dónde está la fiscalización de los “ilustres” congresistas cuando una obra emblemática del sur de la región muestra riesgos estructurales?

La advertencia de la Contraloría no solo revela fallas técnicas, sino también silencios políticos y una débil vigilancia sobre el uso de recursos públicos que pertenecen a la ciudadanía.

La Contraloría General de la República (CGR) encendió una señal de alerta sobre la construcción del Puente Tarata, una de las infraestructuras más importantes para la integración vial en la provincia de Mariscal Cáceres, al advertir deficiencias técnicas en las estructuras que protegen las vías de acceso, lo que podría comprometer la seguridad de una obra valorizada en más de S/ 347 995 748.

De acuerdo con el Informe de Control Concurrente N.° 001-2026-OCI/5568-SCC, que evaluó el periodo del 3 al 16 de marzo de 2026, se identificaron fallas en la instalación de los gaviones, estructuras clave para evitar la erosión y garantizar la estabilidad de los accesos al puente sobre el río Huallaga. Estos elementos, que funcionan como muros de contención flexibles, presentan deformaciones generadas por rellenos inadecuados, alterando las condiciones previstas en el diseño original.

La inspección física reveló además diferencias en la cantidad de geobolsas utilizadas, así como variaciones en los volúmenes de relleno, lo que ha derivado en irregularidades estructurales visibles. Según la CGR, estas deficiencias podrían ocasionar socavaciones, hundimientos y fallas en la defensa de los accesos, reduciendo la capacidad de resistencia frente al impacto del caudal del río.

Uno de los aspectos más preocupantes es que estas observaciones no son nuevas. La supervisión del proyecto ya había advertido problemas desde octubre de 2025, sin que se hayan corregido de manera efectiva. Pese a ello, se continúa con la valorización y pago de trabajos que presentan defectos técnicos, lo que pone en cuestión los mecanismos de control de calidad y el uso eficiente de los recursos públicos.

La obra, ejecutada por Provías Descentralizado, presenta además un avance físico de 53.5% hasta febrero de 2026, por debajo del 59.3% programado, evidenciando retrasos que se suman a las deficiencias técnicas. Este escenario no solo compromete los plazos de entrega, sino también la calidad final de una infraestructura considerada emblemática para el desarrollo del sur de la región.

Frente a esta situación, la Contraloría General de la República recomendó comunicar los hechos al titular de Provías Descentralizado para la adopción de acciones preventivas y correctivas inmediatas. Sin embargo, más allá de las recomendaciones técnicas, el caso abre un debate político ineludible: ¿dónde está la fiscalización activa de los representantes del Congreso frente a una obra de esta magnitud?

La magnitud de la inversión y los riesgos detectados exigen una respuesta que trascienda lo administrativo. La sociedad civil y la propia Municipalidad de Mariscal Cáceres están llamadas a asumir un rol vigilante y exigir explicaciones claras tanto a Provías Descentralizado como a la empresa ejecutora. Lo que está en juego no es solo una obra, sino el destino de millones de soles del erario público y, sobre todo, la seguridad y el bienestar de la población que espera una infraestructura segura y funcional.

En un contexto donde las grandes obras suelen convertirse en símbolos de desarrollo o en ejemplos de mala gestión, el Puente Tarata se encuentra hoy en una encrucijada: corregir a tiempo o convertirse en otro caso emblemático de ineficiencia y falta de control en el país.