Los moradores del sector Puerto Azul, de la ciudad de Tarapoto, expresaron su profunda indignación tras conocer que la construcción de la defensa ribereña, obra que consideran prioritaria para la protección de sus viviendas no será ejecutada durante el año 2026. Este proyecto había sido incluido previamente dentro del Presupuesto Participativo del 2025, logrando incluso financiamiento aprobado por la municipalidad. Sin embargo, los vecinos señalaron que recientemente fueron informados de que la obra no figura en el cronograma de inversiones de este año.
Ante esta situación, los pobladores vienen evaluando iniciar medidas de protesta, así como la presentación de una denuncia penal en contra de la alcaldesa provincial, Lluni Perea Pinedo. Los vecinos del sector aseguran sentirse vulnerables ante el riesgo constante de desbordes y erosión en la ribera, y consideran que la postergación del proyecto pone en peligro sus viviendas y la seguridad de sus familias.
Jansi Hamilton Chistama García, presidente de la Asociación de Vivienda Puerto Azul, manifestó que, tras reunirse con sus asesores legales, acordaron iniciar acciones judiciales al presumir que el presupuesto destinado a la obra habría sido reasignado a otros proyectos municipales. Según indicó, los vecinos cuentan con documentos que acreditan la priorización y aprobación del financiamiento en el proceso participativo.
“Ante esta situación vamos a denunciar a la alcaldesa por presunta malversación de fondos. Nadie nos informa dónde está el presupuesto que ellos mismos anunciaron el año pasado en un spot publicitario”, declaró Chistama García, quien además cuestionó la falta de transparencia en la administración municipal y la ausencia de respuestas oficiales a los reclamos de la población.
Finalmente, los moradores del sector Puerto Azul exhortaron a la autoridad edil y al concejo municipal a convocar una reunión de carácter urgente para informar sobre la situación real del proyecto. Señalaron que, de no recibir una respuesta clara en los próximos días, procederán con protestas pacíficas y acciones legales, en defensa de su derecho a vivir en un espacio seguro y protegido frente a los riesgos naturales. Por: Hugo Anteparra
