Los violadores ofrecen dinero y tierras para silenciar las denuncias, reveló un informe de Punto Final. Mientras tanto, la ausencia estatal y la impunidad agravan la crisis.
Los agresores sexuales de niñas awajún en la provincia de Condorcanqui (Amazonas) son, además de docentes, policías y mineros ilegales, según un informe difundido este domingo por Punto Final. El dominical reveló que, si bien la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) tiene registrados al menos 533 casos de violación, el Ministerio Público acumula oficialmente unas 888 denuncias.
Algunas sobrevivientes enfrentaron ―o enfrentan— embarazos forzados y contrajeron el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). “Espero que escuche todo el Perú, no solo son profesores, sino efectivos policiales que abusan sexualmente de las mujeres indígenas. Nosotros confiamos en las autoridades para que hagan justicia y más bien defienden al agresor”, clamó el apu Bernabé Jima.
El líder awajún Dante Sejekam denunció, por su parte, que los mineros ilegales llegan a ofrecer dinero a menores de entre 13 y 15 años. “Las embarazan y luego las abandonan”, señaló. El Centro de Emergencia Mujer (CEM) local cuenta con solamente 300 soles de presupuesto para movilizarse y atender a las sobrevivientes, quienes cohabitan con sus perpetradores.
Las familias, sin recursos, se ven obligadas a aceptar dinero (hasta 500 soles) o parcelas a cambio de su silencio. El dominical conoció el caso de una menor que fue agredida sexualmente por su profesor desde los 10 años. Su abuela ahorró durante meses para llevarla a Bagua en busca de justicia; sin embargo, el violador sigue viviendo en la misma comunidad.
En Bagua, a siete horas de distancia, se encuentra el hospital más cercano con una cámara Gesell y médico legista para certificar agresiones sexuales. “Los mismos promotores abusan de los niños. Y para que no los delaten, les pagan”, dijo la legisladora fujimorista Mery Infantes, representante de Amazonas
Ministros desconectados de la realidad
El ministro de Educación, Morgan Quero, sostuvo que las violaciones en la amazonía son “una práctica cultural para ejercer una forma de construcción familiar” y que por ello serían muy prudentes en cómo encarar el asunto. Sus declaraciones enervaron a la población y desataron una nueva crisis en el Gobierno. La ministra de la mujer, Ángela Hernández, respaldó sus palabras y aconsejó a las adolescentes a “postergar sus relaciones sexuales” y, en el caso de que las tuvieran, les pidió que se protegieran. De inmediato, diversas organizaciones indígenas emitieron comunicados en rechazo, remarcando que emplear la cultura como excusa es una forma de perpetuar la impunidad y de invisibilizar la gravedad de estos delitos.
La magnitud del problema no solo radica en el alto número de víctimas y victimarios (524 cada cual) -este es un dato contrastado por las investigadoras-, sino en la incapacidad del sistema judicial: apenas cuatro profesores fueron cesados temporalmente y solo 111 fueron destituidos. Setenta y dos fueron absueltos, 195 consiguieron la prescripción de sus casos, nueve fueron al archivo y al resto o no se les aplicó ningún proceso administrativo disciplinario o sus casos aún están pendientes de investigación. Y podrían ser más, pues se perdieron más de 2.500 expedientes en un incendio en las oficinas de la unidad de gestión educativa local (UGEL) de Condorcanqui, a mediados de 2022.