Millones invertidos, años de retraso y ninguna responsabilidad clara, tres muestras y manto de gris tras cada obra

Cachiyacu I y II, Juningillo y Tocache un mismo patrón de problemas, millones invertidos, años de retraso y nadie es responsable

En la región San Martín, los proyectos de agua potable y saneamiento en Tocache, Moyobamba y Tarapoto–Morales revelan una problemática estructural que va más allá de simples retrasos administrativos. Obras millonarias inconclusas, expedientes técnicos deficientes, ampliaciones de plazo reiteradas y una alarmante ausencia de responsables configuran un escenario donde los informes de la Contraloría General de la República parecen no tener efecto y donde la justicia y los Órganos de Control Institucional (OCI) brillan por su silencio.

El resultado es el mismo en las tres capitales de provincia: miles de ciudadanos perjudicados, servicios básicos deficientes y una creciente desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar un derecho fundamental como el acceso al agua.

Tocache: un proyecto que avanza entre alertas y limitaciones

El proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Tocache está diseñado para beneficiar a más de 16 mil habitantes de esta provincia estratégica del sur de San Martín. La intervención incluye la construcción de una Planta de Tratamiento de Agua para Consumo Humano (PTACH), dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), un reservorio, la instalación de 2.3 kilómetros de líneas de conducción, 17 kilómetros de redes de alcantarillado, además de 1,510 conexiones domiciliarias de agua potable y 1,523 conexiones de desagüe.

Sobre el papel, se trata de un proyecto integral alineado con la política nacional de saneamiento y orientado a cerrar brechas históricas. Sin embargo, en la práctica, la obra enfrenta problemas de financiamiento, limitaciones en la disponibilidad del recurso hídrico y la necesidad de inversión continua para asegurar su culminación y sostenibilidad.

A ello se suman observaciones técnicas y alertas de control que, pese a haber sido advertidas, no han derivado en sanciones visibles ni en correctivos de fondo. El proyecto avanza, pero lo hace bajo la interrogante de si se repetirá la historia de otras obras de saneamiento que terminan operando de manera parcial o deficiente.

Moyobamba: Juninguillo, ampliaciones, transferencias y responsabilidades diluidas

El proyecto de agua potable de Juninguillo, en Moyobamba, debía culminarse el 2 de octubre de 2025. No ocurrió. El plazo fue ampliado hasta mayo de 2026 y, aun así, la empresa contratista solicitó 700 días adicionales, además de otros pedidos que fueron rechazados.

Durante una visita técnica, el ingeniero Iván Gustavo Reátegui, gerente general de la EPS Moyobamba, confirmó que la obra no está paralizada, pero sí presenta una reducción significativa en el ritmo de trabajo, atribuida a discrepancias entre los actores del proyecto.

Pese a que dichas diferencias habrían sido superadas tras una reunión en el Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), la realidad es contundente: el proyecto apenas alcanza un 45 % de ejecución, cuando debió estar concluido.

Las justificaciones oficiales incluyen demoras en las autorizaciones de desbosque, cambios estructurales, reubicación de componentes y las lluvias intensas. No obstante, un punto crítico es la transferencia de la unidad ejecutora de la EPS Moyobamba al Gobierno Regional de San Martín, a través del PEAM.

“La entidad que recibió el proyecto revisó y aprobó el expediente técnico. Cualquier observación posterior ya no es competencia de la EPS”, sostuvo Reátegui. Esta afirmación expone el principal problema: nadie asume plenamente la responsabilidad por los retrasos, las decisiones técnicas y el uso de los recursos públicos.

En Tarapoto: Cachiyacu, siete años de espera y silencio oficial

El caso más grave es el de Cachiyacu II, proyecto destinado a mejorar el abastecimiento de agua potable en Tarapoto y Morales. Siete años después de iniciado, la obra continúa inconclusa y sin fecha clara de culminación.

No existen informes públicos recientes, ni explicaciones técnicas claras sobre el nivel de avance, el presupuesto ejecutado o las razones reales de su prolongada paralización. La población sigue esperando una solución definitiva mientras depende de un sistema frágil, con problemas de continuidad y calidad del servicio.

La promesa de agua potable segura para dos de las ciudades más importantes de la región se ha convertido en un símbolo de ineficiencia, opacidad y abandono institucional.

Contraloría, OCI y justicia: alertas que no generan consecuencias

En los tres proyectos, la Contraloría General de la República ha emitido informes de control alertando sobre riesgos técnicos, administrativos y financieros. Sin embargo, estas advertencias no se traducen en sanciones, ni en la identificación clara de responsables.

¿Dónde están los Órganos de Control Institucional (OCI) de las entidades ejecutoras? ¿Qué acciones concretas ha emprendido el Ministerio Público? ¿Existen procesos judiciales en curso o investigaciones administrativas efectivas?

Hasta ahora, las respuestas son escasas o inexistentes. Los expedientes se modifican, los plazos se amplían, los costos aumentan y las obras siguen sin concluirse. La cadena de responsabilidades se fragmenta, y con ello, se diluye cualquier posibilidad de rendición de cuentas.

En resumen

Los proyectos de agua potable y saneamiento en Tocache, Moyobamba y Tarapoto–Morales comparten un mismo patrón: retrasos prolongados, deficiencias técnicas, ampliaciones de plazo cuestionables y ausencia de sanciones, pese a los informes de la Contraloría. Millones de soles comprometidos, obras inconclusas y miles de ciudadanos perjudicados evidencian una crisis estructural en la gestión del saneamiento en San Martín

La pregunta que sigue abierta

El acceso al agua potable es un derecho fundamental, pero en San Martín sigue siendo una promesa incumplida. Mientras nadie asuma responsabilidades, los informes de control sigan archivándose y la justicia no actúe, las obras de saneamiento continuarán acumulando años de retraso y desconfianza ciudadana.

¿Qué hay detrás de estas obras inconclusas? ¿Quién responde por el dinero público y por el derecho al agua y saneamiento de miles de familias?