Pese a un ligero avance, el alto costo de vida, la falta de empleo formal y el acceso limitado a servicios básicos impiden que miles de familias en la región mejoren su calidad de vida.
La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha identificado que, en San Martín, más de 617 mil personas (64% de la población) enfrentan una realidad económica difícil que pone en riesgo su bienestar y calidad de vida. De ese grupo, alrededor de 212 mil sanmartinenses ya viven en situación de pobreza, según INEI.
Pero no son los únicos en riesgo. Hay otras 405 mil que, aunque técnicamente no son pobres, están a solo un paso de caer en ella. Se trata de personas con vulnerabilidad económica que, ante algún evento adverso, pueden ver limitada su capacidad de gasto y terminar cayendo en la pobreza. Basta con alguna enfermedad grave dentro de la familia, la pérdida del empleo, la quiebra de un negocio o una mala cosecha para que su situación realmente se complique. Con estas cifras, se concluye que aproximadamente seis de cada diez habitantes en San Martín viven en pobreza o están en riesgo constante de caer en ella.
César García, economista de REDES, señaló que, si bien la pobreza se redujo en 0.6% respecto a 2023, esta mejora sigue siendo insuficiente, ya que la mayoría de la población sanmartinense sigue enfrentando serias dificultades económicas. “El aumento de ingresos ha sido mínimo y el costo de vida continúa en ascenso, por eso muchas familias no sienten que su situación haya mejorado. Esta reducción responde más a un efecto rebote tras el mal año económico anterior que a una recuperación satisfactoria”, explicó.
El especialista subrayó la necesidad de consolidar la actividad económica, especialmente en los sectores que generan más empleo en la región, como la agricultura. “El año pasado, este sector se vio afectado por plagas y una fertilización deficiente, lo que redujo la producción de frutos clave como el cacao y el plátano. Hoy es fundamental fortalecer estas actividades y brindar tecnologías adecuadas a los agricultores, de modo que el crecimiento económico se refleje en mejoras reales en el bolsillo de las familias”, agregó.
“La lucha contra la pobreza requiere el despliegue de distintas acciones. Es fundamental que el Estado implemente una estrategia integral que enfoque sus intervenciones en cerrar brechas en áreas con mayores desafíos estructurales. No se trata solo de aumentar la inversión, sino de hacerlo de manera estratégica, con enfoque en las provincias más golpeadas con reglas claras. La colaboración entre el Estado y el sector privado es clave para crear oportunidades sostenibles y promover un desarrollo inclusivo”, concluyó García.
Hospitales sin equipamiento o malogrados y obras sin liquidar
En una región donde el 64% de la población vive en pobreza o está al borde de ella, la precariedad no solo se siente en los bolsillos, sino también en la salud, la educación y en la falta de acción del Estado. A pesar de una ligera reducción en la pobreza, el alto costo de vida, el empleo informal, el abandono de infraestructura clave y la ineficiencia estatal mantienen a cientos de miles de familias sanmartinenses atrapadas en una espiral de vulnerabilidad.
Pero los números no lo dicen todo. En el hospital de Tocache, por ejemplo, el tomógrafo lleva meses malogrado, mientras que en el hospital de La Banda de Shilcayo aún se desconoce el estado de los modernos equipos que permanecen embalados, sin uso, acumulando polvo y olvido.
En Moyobamba, la situación es indignante: el Centro de Salud de Lluyllucucha —ubicado en la carretera a los baños termales— atiende en un local insalubre, sin condiciones mínimas de salubridad ni seguridad para los pacientes. Y mientras tanto, la gestión municipal encabezada por el alcalde encargado Ronald Gárate y su cuerpo de regidores permanece pasiva, sin mostrar voluntad para sanear el terreno que permitiría construir una nueva infraestructura.
La parálisis también alcanza a los hospitales MINSA de Tarapoto y Moyobamba, que siguen siendo considerados «obras no liquidadas». ¿La consecuencia? No se puede intervenir en mejoras ni siquiera para pintar sus fachadas. ¿Es burocracia, negligencia o simplemente desinterés? ¿Por qué tanta demora para cerrar administrativamente proyectos ya entregados?
A ello se suma un problema estructural que persiste desde hace años: las OGESS (Oficinas de Gestión de Servicios de Salud). Este gobierno regional no ha podido resolver el caos que representan. Las quejas de falta de medicinas son constantes, las compras son fraccionadas e ineficientes, y la atención en muchos centros médicos está cada vez más limitada.
En San Martín, solo el 17.3% de la población tiene acceso a agua segura y menos del 20% cuenta con conexión a internet. Es hora de que los líderes regionales asuman su responsabilidad con firmeza y que el Gobierno Central deje de mirar a la Amazonía como una prioridad secundaria.
Porque mientras la pobreza avanza, los equipos médicos se malogran, las obras no se liquidan y los funcionarios se cruzan de brazos, quienes sufren son los mismos de siempre: los más pobres.