El sector agropecuario total representa entre el 4,5% y el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) del paía, y la pequeña y mediana agricultura – identificada oficialmente como agricultura familiar – abarca el 95,4% de las unidades agropecuarias a nivel nacional. Portal del Estado

Del total de productores en el país, más del 95% pertenecen a la agricultura familiar, orientada principalmente al consumo interno y mercados locales. INEI

Diversos sectores vinculados al sector agrario en el país, cuestionan la reestructuración del Midagri y la ANA, advirtiendo sobre el riesgo de poner los recursos hídricos y la gestión del campo al servicio de grandes grupos económicos sin priorizar a la pequeña agricultura.

El anuncio de someter a una profunda reorganización a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ha generado un fuerte debate sobre el verdadero rumbo de la política agraria en el país. Si bien una medida de esta envergadura puede ser respetable en el papel, analistas y representantes del sector sostienen que para emprender un proceso transparente y legítimo se deben cumplir requisitos básicos fundamentales: que los encargados de la tarea cuenten con autoridad moral, que se explique de forma clara por qué y para qué de la reestructuración, se defina el perfil de la institución tras el proceso y se fije un plazo determinado para su culminación.

La preocupación radica en la falta de un delineamiento claro respecto a la política que requiere la pequeña y mediana agricultura para lograr un desarrollo integral y sostenible. Por el contrario, la presencia de personajes vinculados directamente a grupos agroexportadores, agroindustriales y sectores empresariales en los equipos de transferencia y en el entorno gubernamental enciende las alarmas sobre los verdaderos objetivos de esta reforma. Esta situación plantea la interrogante de si la reorganización busca optimizar la gestión estatal o si, por el contrario, pretende poner a la ANA y al Midagri al servicio de grandes intereses económicos y mineros, desplazando la atención de la agricultura familiar que sostiene a miles de hogares.

El agua constituye un recurso hídrico vital para el progreso social y económico de las regiones. Ante los antecedentes en el otorgamiento de derechos de uso de agua y una visión orientada únicamente al crecimiento económico cuantitativo, diversos colectivos advierten el riesgo de descuidar la sostenibilidad ambiental y la equidad social.

Resulta contradictorio esperar un cambio sustancial cuando varios de los actuales impulsores del proceso han tenido injerencia directa o indirecta durante años de gestión, siendo corresponsables de las deficiencias y la crisis estructural que hoy atraviesan estas dependencias estatales.