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Reporteros Sin Fronteras alerta sobre la escalada mortal contra la prensa en Perú, que cierra 2025 con tres periodistas asesinados

Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena el reciente asesinato del periodista Juan Fernando Núñez Guevara, director del medio digital Kamila TV y representante local de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), ocurrido en la noche del 6 de diciembre de 2025, en la provincia de Pacasmayo, en la región de La Libertad, en el norte del país. Se trata del tercer periodista asesinado en Perú desde el inicio del año 2025, una cifra sin precedentes en la historia reciente del país.

Juan Fernando Núñez Guevara fue atacado por hombres armados que se desplazaban en motocicleta mientras él se encontraba circulando con su hermano. Los agresores los interceptaron en un sector conocido como “La Curva La Barranca”, en la carretera Panamericana Norte, antes de abrir fuego a quemarropa contra el periodista, quien murió en el lugar. Su hermano resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al hospital Tomás Laforaun, en Guadalupe, según la información recopilada por RSF. El modus operandi es idéntico al de los otros dos asesinatos de periodistas cometidos en Perú este año, también perpetrados por sicarios en motocicleta.

Juan Fernando Núñez Guevara dirigía Kamila TV / Kamila Noticias, un medio digital activo desde 2020, especializado en la cobertura de la actualidad local, denuncias ciudadanas y críticas a las autoridades en las localidades de Chepén, Guadalupe y Pacasmayo, en la franja costera de la región de La Libertad. Esta zona es una de las más afectadas por la expansión de grupos criminales vinculados a la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal. Con más de 147.000 seguidores en Facebook, Kamila TV se había consolidado como una de las principales fuentes de información local.

“La ejecución de Juan Fernando Núñez Guevara presenta todas las características de un crimen orquestado. No se trata de un hecho aislado: tres periodistas han sido asesinados en Perú en un solo año, una situación absolutamente inédita en el país. Exigimos al presidente José Jerí y a su gobierno que envíen una señal clara e inequívoca de que la violencia contra la prensa no será tolerada. También llamamos al Ministerio Público a garantizar una investigación rápida, rigurosa y transparente, que considere el trabajo periodístico de la víctima como un posible móvil y permita identificar tanto a los autores materiales como a los autores intelectuales” señalo Artur Romeu. Director de RSF América Latina.

En declaraciones reproducidas por la prensa peruana, la esposa del periodista, Catherine de la Cruz, pidió que el crimen no quede impune y exigió justicia para sus hijos. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó su profunda tristeza, condenó firmemente el asesinato y exigió una investigación rápida que permita establecer el móvil y castigar a los responsables. Además, otro de sus hermanos, Joel Núñez, pidió que el caso sea asignado a una Fiscalía con recursos suficientes para investigarlo a fondo -citando la de Trujillo en lugar de la de Pacasmayo-, advirtiendo que, de lo contrario, el expediente podría terminar archivado.

Tres asesinatos desde enero de 2025

Antes de esta nueva ola de violencia – marcada por los asesinatos de los periodistas Gastón Medina Sotomayoren enero, y Raúl Lópezen mayo -, el último homicidio de un periodista en Perú databa de 2016, cuando Hernán Choquepata Ordóñez, de Radio La Ribereña, fue asesinado mientras conducía su programa “Habla el Pueblo” en la ciudad de Tambogrande. Más allá de ese caso, los asesinatos de periodistas registrados por RSF se concentraban a finales de los años 1990, lo que subraya el carácter de ruptura histórica de la situación actual.

Este deterioro se inscribe en un contexto más amplio de retroceso de la libertad de prensa en Perú, que ha perdido 53 posiciones en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF desde 2022, una de las caídas más drásticas a nivel mundial en este período. La situación es especialmente grave en el norte del país, por el empeoramiento de las condiciones de seguridad, combinado con la expansión del crimen organizado, que expone a los periodistas que cubren criminalidad, corrupción y abusos de poder a amenazas constantes, en un contexto de impunidad persistente.

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