Amanece el país con esa sensación inconfundible que deja una larga noche de excesos: dolor de cabeza, sequedad en la boca y la incómoda certeza de que algo no salió bien. No fue una fiesta democrática; fue, más bien, una reunión obligada donde nadie quería estar, pero a la que todos asistieron por compromiso. Y como toda resaca, lo primero que necesitamos es un café bien cargado que nos despierte del letargo cívico en el que insistimos en vivir elección tras elección.
Los resultados a boca de urna (esas predicciones que siempre llegan antes que la esperanza) vuelven a dibujar el mismo paisaje de los últimos años: ningún candidato alcanza siquiera el 25 % de los votos, y mucho menos se aproxima al mítico 50 % que permitiría gobernar con una legitimidad sólida. La historia se repite con la puntualidad de un reloj suizo, aunque con la emoción de una película que ya hemos visto demasiadas veces. La segunda vuelta no es una posibilidad; es una tradición nacional, casi un patrimonio cultural inmaterial.
En este desfile de siglas, colores y promesas recicladas, el país parece haberse especializado en el arte de elegir sin elegir. Votamos, sí, pero lo hacemos con la resignación de quien selecciona el “mal menor”, esa expresión que debería avergonzarnos y que, sin embargo, hemos adoptado como si fuera un principio constitucional. Elegir al menos malo no es un ejercicio de democracia madura; es, en realidad, la confesión colectiva de nuestra incapacidad para construir mejores opciones.
La fragmentación política no es solo el resultado de la proliferación de partidos; es el reflejo de una sociedad igualmente fragmentada, desconfiada y, en muchos casos, desinformada. Cada elección se convierte en un mercado persa donde abundan los vendedores de ilusiones, los recicladores de discursos y los debutantes que creen que gobernar un país es una extensión natural de su popularidad momentánea. Mientras tanto, el electorado deambula entre puestos, probando promesas como si fueran degustaciones gratuitas, para finalmente elegir aquella que prometa la menor indigestión.
Pero hay un dato que debería helarnos la sangre más que cualquier porcentaje: más de 63 mil peruanos no pudieron ejercer su derecho al voto. En una democracia que se jacta de ser inclusiva, esta cifra no es un simple detalle logístico; es una herida abierta en el corazón del sistema. Cada ciudadano que se queda sin votar es un recordatorio de que nuestra democracia aún tiene deudas pendientes y de que la tan celebrada “fiesta electoral” deja a muchos sin invitación.
Resulta irónico que sigamos utilizando el término “fiesta democrática” para describir un proceso que se asemeja más a un velorio que a una celebración. No hay música ni alegría, sino una atmósfera cargada de incertidumbre y desencanto. Los ciudadanos acuden a las urnas con la misma expresión con la que se firma un contrato lleno de cláusulas sospechosas: sabiendo que, pase lo que pase, las consecuencias serán inevitables.
La repetición de este patrón electoral debería sacudirnos como un balde de agua fría. No se trata solo de la incapacidad de los candidatos para convocar mayorías, sino también de nuestra dificultad como sociedad para aprender de nuestros propios errores. Elegimos, tropezamos, nos quejamos y, en la siguiente elección, volvemos a tropezar con la misma piedra, como si el aprendizaje fuera una asignatura eternamente desaprobada. La memoria política del país parece tener la duración de una historia de redes sociales: intensa, efímera y fácilmente olvidable.
Decir que el Perú es un país agonizante puede sonar exagerado, pero basta observar el estado de su sistema político para entender la metáfora. No se trata de una muerte súbita, sino de un lento deterioro, alimentado por la desconfianza, la polarización y la falta de una cultura cívica sólida. La democracia no muere de un solo golpe; se desgasta con cada elección en la que el voto se emite sin convicción, sin información y, en muchos casos, sin esperanza.
Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, aún queda espacio para la autocrítica y la reflexión. La responsabilidad no recae únicamente en la clase política; también pertenece a una ciudadanía que, en ocasiones, prefiere la comodidad de la queja antes que el esfuerzo de informarse y participar activamente. Aprender a votar no es solo un derecho, sino una obligación moral con las generaciones futuras. Pensar antes de marcar una cédula debería ser un acto tan natural como respirar, y no una excepción heroica.
La inminente segunda vuelta se presenta, entonces, como una nueva oportunidad para romper este ciclo de resignación. Pero para que ello ocurra, es necesario abandonar la lógica del “mal menor” y apostar por un voto consciente y responsable. De lo contrario, seguiremos atrapados en este eterno retorno electoral, donde cada elección promete ser diferente, pero termina siendo dolorosamente igual.
Al final, la resaca electoral no se cura con analgésicos ni con discursos optimistas. Se cura con memoria, educación cívica y un compromiso real con el futuro del país. Tal vez este sea el momento de mirarnos al espejo como sociedad y preguntarnos, con honestidad brutal, qué tipo de nación queremos ser y qué estamos dispuestos a hacer para lograrlo.
Porque la democracia no debería ser un acto de supervivencia, sino una expresión de esperanza. Y mientras sigamos votando con la resignación en lugar de la convicción, el país continuará despertando, elección tras elección, con el mismo amargo sabor de una resaca que parece no tener fin.
Y así, con la solemnidad de quien repite una tradición nacional, el país se encamina nuevamente hacia la segunda vuelta, confirmando que nuestra democracia se ha convertido en un eterno déjà vu electoral: la crónica de un país sin memoria.



