Fiscal de la Nación, presidenta del Poder Judicial y jueces advierten que la inconstitucionalidad de la ley de extinción de dominio es un retroceso que dejará impunes a expresidentes, congresistas, empresarios y hasta terroristas.
La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucionales dos artículos clave de la ley de extinción de dominio ha generado un terremoto institucional cuyas réplicas amenazan con desmoronar los esfuerzos del Estado por recuperar bienes producto de la corrupción, el crimen organizado, la minería ilegal y hasta el terrorismo. El golpe ha sido tan severo que incluso la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha calificado el hecho como un “retroceso lamentable” que destruye una norma considerada ejemplo ante la comunidad internacional.
Según explican fuentes del Ministerio Público y el Poder Judicial, la extinción de dominio permitía recuperar con celeridad propiedades y activos vinculados a actividades ilícitas, sin necesidad de una sentencia penal. Esta figura fue clave para despojar de fortunas mal habidas a expresidentes, congresistas, narcotraficantes, testaferros y otros personajes involucrados en delitos graves. Ahora, tras la resolución del TC, los casos en curso deberán archivarse, y los bienes podrían ser devueltos a los mismos que defraudaron al Estado.
¿Quiénes se benefician?
Los nombres que aparecen en los procesos en riesgo son los de siempre, los del poder político y económico. La lista es larga y pesada. Por ejemplo, familiares del expresidente Alan García, el entorno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, el expresidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp, y el exmandatario Martín Vizcarra, todos con demandas en proceso para extinguir millonarios bienes.
También figuran el congresista José Arriola Tueros (Podemos Perú), los implicados en el caso Sada Goray–Fernandini, y la hermana del defensor del Pueblo, Sara Gutiérrez, cuya empresa enfrenta una demanda de extinción por una motoniveladora adquirida de contrabando. Incluso el líder prófugo de Perú Libre, Vladimir Cerrón, con más de S/. 1.6 millones incautados, podría ver cómo sus bienes le son restituidos.
Y hay más: Rodolfo Orellana, el narcotraficante Lucio Tijero, y hasta el terrorista Florindo Flores Hala, alias “Artemio”, estaban bajo proceso. También un caso emblemático de minería ilegal: 68 barras de oro incautadas, valorizadas en más de 7 millones de dólares, ahora podrían salir del dominio estatal.
El origen del revés
La acción que abrió la puerta al fallo del TC fue interpuesta por la Defensoría del Pueblo, a cargo de Josué Gutiérrez, señalando que la ley afectaba el derecho a la propiedad, la presunción de inocencia y el principio de no retroactividad. El detalle no menor: en paralelo, su hermana Sara Gutiérrez buscaba que le devuelvan maquinaria incautada.
Frente a esa ofensiva, se opusieron firmemente la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; el juez supremo coordinador del subsistema de extinción, Manuel Luján Túpez; y el Ministerio de Justicia, entre otros. Argumentaron que el instrumento legal había demostrado ser más eficaz que el proceso penal ordinario en el desmantelamiento del patrimonio criminal.
Una herramienta que fue ejemplo
“La extinción de dominio no es una persecución arbitraria. Era una herramienta poderosa, legal, constitucional, para quitarle los recursos al crimen”, sostuvo la fiscal Delia Espinoza. “Con esta decisión, muchos de esos bienes serán devueltos. Estamos hablando de millones que volverán a manos de corruptos, mafiosos y lavadores de dinero”, remarcó.
A nivel internacional, la ley peruana había sido tomada como modelo por su efectividad y resultados. “Ahora, el Perú pasa de ser un referente a dar marcha atrás”, advirtió Espinoza. La presidenta del Poder Judicial, por su parte, ya había manifestado su preocupación cuando se intentó desactivar este subsistema especializado, que justamente evitaba que los bienes mal habidos se escapen por resquicios legales.
Democracia herida
La resolución del TC, aprobada por mayoría, no solo representa un retroceso en la lucha contra la corrupción, sino que debilita los pilares del Estado de derecho. Cuando el sistema permite que los bienes ilícitos regresen a manos de quienes los obtuvieron perjudicando al país, la justicia se resquebraja y la ciudadanía pierde confianza.
El Ministerio Público ha anunciado que evaluará nuevas acciones para recuperar esta herramienta legal. Sin embargo, el daño ya está hecho. Los corruptos y criminales han recibido el mensaje más perverso: el sistema puede ser manipulado, y sus fortunas, recuperadas.
Hoy, más que nunca, queda claro que, sin voluntad política, sin un poder judicial firme y sin un tribunal que actúe de cara a la justicia y no a la conveniencia, la lucha contra la corrupción será solo una bandera de papel.