En VOCES creemos en la inversión privada. Pero creemos, sobre todo, en la inversión con responsabilidad, con cumplimiento riguroso de la ley, respeto a las normas y parámetros técnicos, y con el respaldo informado de los colegios profesionales. Todo lo demás es atajo. Todo lo demás es salto a la garrocha.
Hoy, la situación de la laguna Ricuricocha ubicada a pocos minutos del centro de Tarapoto y considerada una zona intangible por el propio Plan de Desarrollo Urbano (PDU) vuelve al debate público tras la reciente aprobación de un plan específico urbanístico promovido por una empresa privada.
Y aquí vale una pregunta clave: ¿Se han cumplido todos los procesos debidamente, o se han apurado algunos trámites sin la debida transparencia ni sustento técnico?
El origen del expediente
Según información recogida por VOCES, el proyecto en cuestión cumplió en su momento con los requisitos administrativos, conforme al TUPA vigente y el Decreto de Alcaldía 012-2022-MPM, lo que le permitió iniciar un procedimiento administrativo. El 22 de junio de 2024 se realizó una exposición técnica en el auditorio de la comuna. A esta fueron convocados gremios de la sociedad civil, vecinos colindantes, representantes del Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, la Autoridad Regional Ambiental (ARA) y otras entidades técnicas.
Ese día quedó registrado en acta que varios actores coincidieron en la necesidad de que la empresa presentara una certificación ambiental, requisito no menor si hablamos de una zona de humedal.
El expediente llegó a Contraloría
En agosto de 2024, la Contraloría General de la República solicitó el expediente original para su evaluación, a raíz de denuncias y oposiciones vecinales. El trámite quedó suspendido hasta enero de 2025, cuando la Contraloría devuelve el expediente señalando que no se había aprobado aún ningún plan específico, ni había acuerdo de concejo ni ordenanza aprobada.
A partir de entonces, la empresa solicita reactivar los plazos y presenta el 20 de junio de 2025 las subsanaciones requeridas. Dos días después, el 22 de junio, el expediente es considerado conforme y pasa al concejo municipal, sin un nuevo proceso participativo, ni revisión técnica de fondo de las observaciones iniciales, incluyendo las del propio informe de febrero 2025 que había declarado el pedido inviable y sujeto a una actualización del PDU.
¿Qué pasó en el Concejo?
Fuentes de crédito han informado a VOCES que los regidores estaban al tanto de todo el proceso, que participaron incluso en mesas técnicas de recuperación de humedales y conocían el contenido del expediente. Sin embargo, la rápida aprobación de la Ordenanza —pese a los informes que sugerían detener el trámite y esperar la actualización del PDU— genera legítimas dudas.
Lo correcto era reiniciar el proceso con nuevos términos de referencia, incorporar los informes técnicos pendientes y garantizar un espacio de participación ciudadana real, más aún tratándose de un ecosistema frágil como el de Ricuricocha.
¿Qué hay detrás?
Nadie, en su sano juicio podría oponerse a la inversión privada. Sería torpe hacerlo. Pero sí corresponde levantar la voz cuando una inversión pretende desarrollarse sin cumplir con los pasos que exige la ley, cuando se ignoran las observaciones de entidades profesionales, cuando se quiere acelerar un proyecto a costa del patrimonio ambiental de todos.
¿Cuál es el interés real? ¿Por qué esa celeridad en aprobar un plan que estuvo suspendido por meses y que tenía informes técnicos adversos?
El Concejo Municipal aún está a tiempo de enmendar. Varios regidores ya han manifestado públicamente su voluntad de reconsiderar su voto. Y eso es saludable. No se trata de oponerse porque sí, sino de garantizar una inversión responsable, transparente y con verdadero respaldo técnico y social.
Lo hemos dicho antes y lo volvemos a decir en VOCES: bienvenida la inversión, pero inversión con reglas claras, sin atajos y sin presiones. Inversión sí, pero sin atajos ni trampas