La justicia peruana advierte que dejar plantada a la pareja, incluso el mismo día de la boda, puede generar indemnizaciones por daños económicos y morales si se comprueba afectación.

En el Perú, romper una promesa de matrimonio no es solo una decisión personal sin consecuencias. De acuerdo con la jueza suprema Emilia Bustamante, este tipo de situaciones puede derivar en procesos judiciales y el pago de indemnizaciones que pueden alcanzar hasta los 100 mil soles, siempre que se demuestren los daños ocasionados.

Si bien el Código Civil peruano no obliga a una persona a casarse, sí contempla la posibilidad de exigir una reparación por daños económicos y morales cuando la ruptura de la promesa genera perjuicios comprobables, como gastos realizados o afectaciones emocionales. Según el artículo 240, la persona afectada puede presentar una demanda dentro del plazo de un año.

La magistrada explica que el impacto puede incluir aflicción psicológica, frustración de proyectos de vida y pérdidas económicas, especialmente si ya se habían realizado pagos por la organización de la boda, como alquiler de local, catering, vestimenta o servicios relacionados.

No obstante, para que una demanda prospere, es indispensable presentar pruebas concretas. Entre ellas, recibos de gastos, informes psicológicos, testimonios de testigos, conversaciones por medios digitales o cualquier evidencia que permita acreditar el daño sufrido.

Los casos más graves, como dejar plantada a la pareja en el altar, pueden agravar la situación, ya que implican una exposición pública que incrementa el daño moral. “Todo cuenta si se demuestra”, enfatiza Bustamante, quien advierte que sin pruebas, el proceso no tendrá éxito.

Como ejemplo, mencionó un caso ocurrido en Lambayeque, donde una mujer demandó a su pareja tras la cancelación del matrimonio, alegando consecuencias graves en su salud emocional y personal. Según la jueza, situaciones que implican la pérdida de un proyecto de vida o daños mayores pueden ser consideradas por los tribunales al momento de fijar una reparación económica.

Así, aunque el amor pueda terminar, la ley establece que los daños generados por una ruptura injustificada pueden tener un costo real, recordando que las decisiones personales también pueden tener implicancias legales cuando afectan a terceros.