Pronunciamiento público advierte sobre audios comprometedores y llama a defender la legalidad y la institucionalidad en San Martín.

En un pronunciamiento oficial, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú – CUNARC, a través de su filial en la región San Martín, hizo pública su posición frente a los recientes hechos que involucran al gobernador regional Walter Grundel Jiménez, cuestionando su conducta y exigiendo la intervención del Ministerio Público ante una presunta injerencia en el sistema de justicia. El documento, titulado “Pronunciamiento N.° 004 – 2026” y fechado el 15 de febrero de 2026 en Tocache, expresa una severa crítica política y ética contra la autoridad regional.

La organización, encabezada por su presidente regional Newton Vásquez Hernández y el secretario de organización Alexander Estela Díaz, sostiene que las rondas campesinas, ejercen su derecho a la libre determinación y a la defensa de los intereses colectivos. En esa línea, manifiestan que los últimos acontecimientos difundidos mediante audios y videos ponen en tela de juicio la integridad del mandatario regional.

En el primer punto del pronunciamiento, las rondas señalan que el gobernador regional Walter Grundel Jiménez “no está a la altura de la investidura” y que sus acciones resultarían contrarias a una representación política digna, aludiendo a la difusión de material audiovisual que, según indican, evidencia conductas éticamente cuestionables. Como principal idea, remarcan la presunta deshonra a la imagen institucional de la región y una falta de ejemplo en el ejercicio del cargo.

En el segundo punto, el documento hace referencia a expresiones atribuidas al gobernador que sugerirían coordinaciones indebidas, mencionando frases textuales difundidas públicamente. Para las rondas campesinas, estas declaraciones afectarían la imagen de la Fiscalía y de la Policía Nacional y pondrían en duda la independencia de las instituciones encargadas de administrar justicia, insinuando posibles tratos irregulares con funcionarios y actores vinculados al aparato estatal.

El tercer aspecto del pronunciamiento constituye un llamado directo al Ministerio Público, al que exhortan a asumir su mandato constitucional y evaluar con objetividad los hechos denunciados. La organización advierte sobre una posible interferencia en la labor de un fiscal, cuya responsabilidad – subrayan – es defender la legalidad. Enfatizan que la transparencia y la independencia del sistema judicial son pilares fundamentales del Estado de derecho.

En el cuarto punto, las rondas campesinas convocan al pueblo sanmartinense, a las organizaciones sociales y a los frentes de defensa a ejercer su derecho constitucional a la protesta. Sostienen que la región no merece tolerar actos que consideren contrarios a la ética pública.

La publicación de este documento añade un nuevo capítulo a la crisis política regional y coloca en el centro del debate la necesidad de fortalecer la ética en la función pública, la independencia de las instituciones y la vigilancia ciudadana como mecanismos indispensables para preservar la democracia en San Martín.