La nueva denuncia contra José Matos Centeno reabre un debate institucional: ¿quién o quiénes ponen freno a la intromisión política en decisiones que corresponden a la justicia?

El senador Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, anunció una nueva denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el juez José Matos Centeno, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tayacaja-Pampas, quien dictó prisión preventiva contra ocho militares investigados por las muertes de civiles ocurridas en Colcabamba, en abril último.

Con esta acción, Rospigliosi suma cuatro magistrados denunciados ante la JNJ desde que asumió como senador. El parlamentario calificó a Matos Centeno como “politizado y prevaricador” y cuestionó la decisión que llevó a prisión preventiva a los militares. Según sostuvo, una corte superior de Junín posteriormente dispuso su libertad, lo que, a su juicio, demostraría que el juez incurrió en presunto prevaricato.

En la denuncia, Rospigliosi señala que el magistrado habría emitido una decisión privativa de libertad posteriormente anulada por graves defectos de motivación, además de incorporar presuntos fundamentos que no habrían formado parte del debate oral. Por ello, solicitó a la JNJ determinar la responsabilidad disciplinaria y, si se acreditan faltas muy graves, imponer la sanción correspondiente, incluida la destitución.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el delicado equilibrio entre fiscalización política e independencia judicial. Los parlamentarios pueden cuestionar decisiones de los magistrados y presentar denuncias cuando consideren que existen irregularidades; sin embargo, corresponde a las instituciones competentes determinar si hubo falta disciplinaria, delito o prevaricato, respetando el debido proceso.

La controversia no solo gira en torno a la actuación de Matos Centeno, sino también a los límites de la intervención política sobre la justicia. Si un juez incurrió en una falta grave, debe ser investigado y sancionado conforme a ley; si no la cometió, debe contar con las garantías necesarias para ejercer su función sin presiones.

La pregunta de fondo permanece: ¿quién o quiénes frenan la intromisión política cuando el poder parlamentario pretende influir sobre decisiones judiciales? La respuesta debería estar en la fortaleza de las instituciones, la ley y la independencia de los órganos constitucionales.