Moscú endurece su ofensiva contra las organizaciones extranjeras. La fiscalía general de Rusia anunció este lunes que Amnistía Internacional ha sido calificada como «organización indeseable» y, en consecuencia, queda prohibida toda actividad de la oenegé en territorio ruso.
La decisión se produce en el marco de una campaña de represión que el Kremlin ha intensificado desde el inicio de la ofensiva militar contra Ucrania en febrero de 2022. Con esta medida, Amnistía se suma a la lista negra de más de 220 entidades internacionales vetadas en Rusia desde 2015.
Según el comunicado oficial, la sede londinense de Amnistía Internacional es acusada de ser “un centro de planes rusófobos a escala mundial”, supuestamente financiado por aliados del régimen ucraniano. La fiscalía también afirma que la organización ha trabajado para “justificar los crímenes de los neonazis ucranianos”, solicitar más fondos para su causa y respaldar el aislamiento de Rusia en la arena internacional.
Las acusaciones del Kremlin coinciden con su narrativa oficial de que la intervención en Ucrania busca “desnazificar” el país vecino, una justificación que Ucrania, gobiernos occidentales y numerosos expertos califican como propaganda infundada.
El estatuto de “organización indeseable” no solo impide operar dentro de Rusia, sino que además criminaliza cualquier colaboración, financiamiento o vínculo con dichas entidades, exponiendo a ciudadanos rusos a multas severas e incluso penas de prisión.
Desde su sitio web, Amnistía Internacional ha condenado enérgicamente la invasión rusa, calificándola como una “guerra de agresión”. También denuncia que, en el actual panorama ruso, “los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación están severamente restringidos”, al tiempo que alerta sobre la “persecución arbitraria” contra grupos religiosos y la comunidad LGBTQ.
La expulsión de Amnistía Internacional se suma a un creciente cerco contra voces críticas, tanto dentro como fuera de Rusia. Una señal más del endurecimiento del aparato estatal frente a la disidencia y a cualquier presencia internacional incómoda.