Estamos viviendo una locura social, marcada por angustia y preocupación constante.

Para el psicólogoRicardo Alberto Gómez Paredes, decano regional delColegio de Psicólogos – Consejo Directivo San Martín, la crisis emocional avanza entre jóvenes, familias y comunidades, mientras el Estado sigue postergando la salud mental como prioridad.

El Mg. Ricardo Alberto Gómez Paredes, decano regional del Consejo Directivo San Martín del Colegio de Psicólogos, y docente universitario en la Universidad Peruana Unión (UPU) y la Universidad César Vallejo (UCV), observa a diario una realidad que preocupa: el deterioro progresivo de la salud mental en los jóvenes. Desde su experiencia en las aulas, advierte que muchos estudiantes llegan desde distintas regiones del país, especialmente del norte, cargando no solo maletas, sino también profundas heridas emocionales.

En la UPU, donde gran parte del alumnado profesa la fe adventista, y en la UCV, donde los estudiantes muestran apertura y participación, el panorama coincide en un punto: “muchos llegan con problemas emocionales”. Según explica, numerosos jóvenes provienen de hogares disfuncionales, con ausencia del padre o de la madre.

Al encontrarse solos en la región, buscan en el docente una figura de apoyo. “Cuando se acercan a uno, lo ven como padre”, comenta. Trabajan para sostener sus estudios, enfrentan dificultades económicas y, en ocasiones, incluso sufren robos en los barrios donde viven, lo que incrementa el miedo y reduce su vida social.

A esta situación se suma un fenómeno que considera alarmante: la adicción al celular. En las aulas, mientras el docente explica, muchos estudiantes permanecen absortos en sus pantallas. “Lo único que nos queda es hacerlos participar con sus propios celulares”, señala, reconociendo que debe adaptar la metodología para captar su atención. Sin embargo, advierte que algunos jóvenes presentan conductas claramente adictivas, con presencia en ocho o nueve redes sociales simultáneamente, saltando de una a otra, lo que genera ansiedad, dispersión y bajo rendimiento académico.

La preocupación se extiende al ámbito familiar. Gómez Paredes relata escenas frecuentes en restaurantes donde familias enteras permanecen en silencio, cada uno concentrado en su dispositivo móvil. Más grave aún, observa que a niños menores de dos años se les entrega un celular para mantenerlos entretenidos. “Le están poniendo el cerebro neutro a ese niño”, afirma con firmeza, cuestionando cómo podrá desarrollar habilidades sociales y estrategias cognitivas en el futuro si desde temprano se reemplaza la interacción humana por una pantalla.

En otros países, precisa, existen regulaciones sobre el uso de dispositivos móviles. Cita estudios en Japón, donde se recomienda no entregar celulares hasta los 15 años, y menciona que en Dinamarca y España la edad permitida ronda los 11 años. Considera que en el Perú también se debería debatir una legislación similar.

A nivel regional, lamenta que la salud mental no haya sido incluida dentro de las 10 prioridades sanitarias establecidas el año pasado por el comité regional de salud, del cual el colegio profesional forma parte. “¿Por qué, si vemos en los periódicos suicidios de jóvenes y adultos mayores?”, cuestiona. En la priorización participaron representantes de universidades, colegios profesionales y ministerios, y finalmente se ubicó en primer lugar al VIH/SIDA, seguido por el dengue, enfermedad endémica que se agrava con la temporada de lluvias.

En la región San Martín existen 875 psicólogos registrados para una población que supera los 800 mil habitantes y que pronto alcanzará el millón. A nivel nacional, indica, hay más de 70 mil psicólogos, pero insiste en que aún son insuficientes frente a la magnitud de los problemas emocionales y sociales.

Respecto a la pérdida de confianza en el ámbito político y social, el decano sostiene que la salud mental debe abordarse en tres niveles: individual, familiar y comunitario. La primera implica el bienestar personal; la segunda, la convivencia respetuosa entre los miembros del hogar; y la tercera, una responsabilidad del Estado, que debe garantizar leyes y políticas públicas orientadas a la seguridad, la salud y la construcción de espacios saludables. “No existen políticas claras que prioricen esto”, advierte, al señalar que la inseguridad y la violencia social, como los enfrentamientos entre barras bravas, reflejan una pérdida de control colectivo.

Finalmente, ante la pregunta de si estamos viviendo una locura social, responde que se trata más bien de “una neurosis colectiva”, marcada por angustia y preocupación constante. ¿Tiene cura? “Tiene que haber cura”, afirma convencido. El primer paso, sostiene, es cambiar la mentalidad de la gente, y ese cambio nace en el hogar. “Todo está en la mente”, concluye, subrayando que la transformación social comienza en la familia y se proyecta hacia la comunidad.