En la Amazonía la dimensión todavía más compleja, regiones como San Martín, Loreto, Ucayali, Amazonas y Madre de Dios enfrentan históricas brechas en infraestructura sanitaria, acceso educativo, conectividad y presencia estatal.

Los servicios médicos públicos cayeron del 45% a 30%, la aprobación de las escuelas públicas descendió de 31% a 24%. Los números muestran una contradicción. Entre 2019 y 2025, el gasto en Salud creció 75%, mientras que el presupuesto a Educación aumentó 66%.

Mientras los candidatos prometen obras, millones de peruanos esperan respuestas sobre cómo mejorar realmente su calidad de vida, especialmente en las regiones amazónicas donde las brechas son más profundas.

El economista Miguel Palomino, presidente del Instituto Peruano de Economía, ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta incómoda pero necesaria: ¿por qué el Perú gasta cada vez más dinero en salud y educación, pero obtiene peores resultados? La interrogante cobra especial relevancia en vísperas de un nuevo ciclo electoral, donde abundan las promesas de infraestructura, pero escasean las propuestas concretas sobre cómo mejorar los servicios públicos que reciben los ciudadanos.

La pandemia dejó heridas profundas en el país y también evidenció la fragilidad del Estado peruano. Durante la emergencia sanitaria, el Perú vivió escenas dramáticas marcadas por la falta de camas hospitalarias, escasez de oxígeno y decisiones políticas desordenadas que terminaron convirtiendo al país en uno de los más golpeados por la mortalidad. Se estima que hubo alrededor de 220 mil muertes en exceso, una cifra devastadora que aún pesa sobre la memoria nacional.

En educación, el impacto tampoco fue menor. Los estudiantes peruanos estuvieron entre los que más tiempo permanecieron sin clases presenciales en el mundo, acumulando severas pérdidas en aprendizaje, especialmente en matemáticas y comprensión lectora. Sin embargo, pese a que la pandemia reveló crudamente las enormes debilidades estructurales del sistema, el debate sobre reformas de fondo prácticamente desapareció de la agenda política.

En términos absolutos, el Estado destinó aproximadamente 14 mil millones de soles adicionales a salud y cerca de 19 mil millones más a educación. Pese a ello, la percepción ciudadana empeoró drásticamente.

La satisfacción con los servicios médicos públicos cayó de 45% a 30%, mientras que la aprobación de las escuelas públicas descendió de 31% a 24%, alcanzando los niveles más bajos registrados en años. El contraste resulta todavía más alarmante si se compara con el año 2012, cuando la satisfacción con la salud pública alcanzaba 48% y la educación pública llegaba a 54%.

El problema, según diversos analistas, no parece ser únicamente la falta de dinero, sino la ausencia de objetivos claros y políticas sostenidas. En los últimos años, el país ha tenido una permanente inestabilidad de ministros y viceministros, impidiendo la continuidad de reformas estructurales. En lugar de discutir calidad educativa, cobertura médica o modernización institucional, gran parte del esfuerzo político se concentró en incrementos salariales y repartos burocráticos.

Las remuneraciones en el sector Salud crecieron 58%, mientras que en Educación aumentaron 70% entre 2019 y 2025. Aunque mejorar los ingresos de maestros y trabajadores sanitarios resulta legítimo y necesario, la crítica apunta a que dichos incrementos no estuvieron vinculados a mecanismos de meritocracia, evaluación de desempeño o resultados concretos para la población.

En el caso educativo, durante el gobierno de Pedro Castillo, se debilitó la meritocracia docente y se favorecieron nombramientos sin adecuados filtros técnicos, impulsados por sectores sindicales cercanos al poder político. Así, mientras el presupuesto crecía, los estudiantes continuaban perdiendo calidad educativa.

En salud ocurre algo similar. El debate sobre aseguramiento universal, modernización hospitalaria y eficiencia del sistema quedó relegado frente a intereses políticos y disputas de corto plazo. La preocupación ciudadana se mantiene vigente: más presupuesto no necesariamente significa mejores servicios cuando persisten improvisación, corrupción y ausencia de planificación.

Pero el problema adquiere una dimensión todavía más compleja cuando se observa la realidad de la Amazonía peruana. Regiones como San Martín, Loreto, Ucayali, Amazonas y Madre de Dios enfrentan históricas brechas en infraestructura sanitaria, acceso educativo, conectividad y presencia estatal. En numerosas comunidades amazónicas, acceder a una posta médica o a una escuela en condiciones adecuadas sigue siendo un desafío cotidiano.

Pese a ello, la Amazonía continúa prácticamente ausente del gran debate electoral nacional. Los discursos políticos suelen concentrarse en Lima y las principales ciudades costeras, mientras las demandas amazónicas quedan reducidas a menciones superficiales o promesas temporales.

Entre los principales factores ausentes en el debate político sobre la Amazonía destacan:

Falta de liderazgo político regional sólido, capaz de posicionar las demandas amazónicas en la agenda nacional.

Ausencia de propuestas específicas sobre salud intercultural, educación bilingüe y conectividad territorial.

Centralismo histórico, que concentra decisiones y recursos en Lima.

Escasa planificación de largo plazo para integrar a la Amazonía al desarrollo nacional sin destruir sus ecosistemas.

Débil capacidad técnica del Estado para ejecutar proyectos sostenibles en zonas rurales y dispersas.

Predominio de intereses económicos y obras visibles sobre políticas orientadas a mejorar servicios públicos.

Poca discusión sobre capital humano, nutrición infantil y formación docente adaptada a las realidades amazónicas.

Desinterés de los partidos políticos en construir equipos técnicos especializados para la región.

El debate de fondo, entonces, no debería limitarse a cuánto dinero se gasta, sino a cómo se utiliza y cuáles son las prioridades reales del Estado. El Perú administra actualmente un presupuesto cercano a los 270 mil millones de soles, una cifra gigantesca para un país donde millones de personas todavía enfrentan servicios básicos deficientes.

La reflexión planteada por Miguel Palomino apunta justamente a esa contradicción nacional: el país posee recursos suficientes para mejorar sustancialmente la vida de sus ciudadanos, pero carece de liderazgo político, visión estratégica y capacidad de gestión.

En medio del próximo escenario electoral, la gran exigencia ciudadana debería ir más allá de hospitales nuevos, colegios inaugurados o carreteras prometidas. Lo verdaderamente importante será escuchar cómo los candidatos piensan hacer funcionar esos servicios, cómo garantizarán calidad y qué metas concretas priorizarán para reducir desigualdades históricas.

Porque, al final, gobernar no consiste únicamente en construir obras visibles, sino en garantizar que los ciudadanos vivan mejor. Y esa deuda sigue pendiente, especialmente en la Amazonía peruana, donde el abandono estatal continúa siendo una de las expresiones más profundas de la desigualdad nacional.