La región amazónica enfrenta el desafío de convertir la vigilancia y la coordinación institucional en resultados sostenibles frente a la presión creciente sobre sus bosques.

En un contexto donde la pérdida de bosques sigue siendo una de las principales amenazas ambientales del país, el Gobierno Regional de San Martín dio un paso clave al desarrollar la primera sesión ordinaria 2026 de la Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre (MRCVFFS), un espacio que busca fortalecer la respuesta frente a la deforestación y los delitos ambientales. La reunión, realizada el 19 de marzo de 2026 en Moyobamba, evidenció tanto los avances logrados como los desafíos pendientes en la protección de los recursos naturales.

Durante la jornada, liderada por la Autoridad Regional Ambiental (ARA) en coordinación con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), se expusieron resultados que reflejan un esfuerzo creciente por mejorar la vigilancia territorial. Entre ellos, destacó el monitoreo satelital de más de 202 mil hectáreas de bosques, una herramienta que permite identificar en tiempo real la agresión e invasión por actividades ilegales, facilitando su reporte a las autoridades competentes.

Sin embargo, los datos también revelan la persistencia de amenazas. En la Concesión de Conservación Chuacullo, ubicada en el distrito de Bajo Biavo, se detectó pérdida de cobertura boscosa vinculada a actividades ilícitas, lo que confirma que la presión sobre los ecosistemas continúa pese a los mecanismos de control implementados. Estos hallazgos fueron puestos en conocimiento de las entidades responsables, en un intento por activar respuestas más oportunas.

La sesión permitió además evaluar los avances del año 2025 y validar el Plan de Trabajo 2026, que plantea como ejes centrales el fortalecimiento de capacidades, la ejecución de operativos conjuntos, el monitoreo de títulos habilitantes y una mayor articulación interinstitucional. Este enfoque busca cerrar brechas históricas en la gestión forestal, donde la dispersión de competencias ha limitado la efectividad de las intervenciones.

Como parte de los acuerdos, se priorizó la intervención en la Comunidad Nativa Anak Kurutuyacu, considerada un territorio de alta complejidad social y ambiental, donde confluyen conflictos por el uso de la tierra y presiones externas sobre los recursos naturales. En este marco, se acordó impulsar talleres de interculturalidad y resolución de conflictos, así como reforzar la socialización de competencias entre las entidades involucradas.

Otro de los puntos clave fue la decisión de incorporar a nuevas instituciones, como la Dirección Regional de Agricultura, las entidades encargadas de la titulación de tierras y el Ministerio de Cultura, con el objetivo de fortalecer los procesos de reconocimiento y formalización de comunidades nativas, un factor determinante para reducir la vulnerabilidad de estos territorios frente a la deforestación.

Más allá de los anuncios, la sesión deja en evidencia una realidad compleja: la lucha contra la deforestación en San Martín no depende únicamente de tecnología o normativa, sino de la capacidad del Estado para sostener una acción coordinada, continua y efectiva en el territorio. En una región donde los bosques no solo representan biodiversidad, sino también sustento económico y equilibrio climático, el reto es claro: pasar de la vigilancia a resultados concretos que garanticen su conservación a largo plazo.