La prevención no es un gasto, sino una inversión en vida que requiere voluntad política, ciencia y articulación territorial.
Cada temporada de lluvias en el Perú se convierte en un crudo recordatorio de que los desastres no solo exponen la fuerza de la naturaleza, sino también las profundas debilidades del Estado. Según el análisis del Ing. Alonso Romero Bobadilla, fenómenos como huaycos, inundaciones y deslizamientos continúan provocando pérdidas humanas y económicas que, en gran medida, pudieron evitarse mediante una gestión adecuada. El problema de fondo no es la emergencia en sí, sino la fragilidad en la gobernanza y la gobernabilidad de la gestión del riesgo. Aunque el país cuenta con un marco legal sólido como el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), en la práctica, la articulación entre los niveles de gobierno sigue siendo sumamente débil. Esta situación es especialmente crítica en regiones amazónicas como San Martín, donde la complejidad de los peligros múltiples choca frontalmente con capacidades institucionales limitadas.
La gobernabilidad en este sector se manifiesta en la capacidad real de las autoridades para tomar decisiones determinantes, tales como el ordenamiento del territorio o la prohibición de construcciones en zonas de alto riesgo. Sin embargo, estas acciones rara vez generan réditos políticos inmediatos, lo que lleva a priorizar otros intereses sobre la seguridad ciudadana. Factores como la falta de continuidad en las políticas públicas, la alta rotación de funcionarios y la politización de cargos técnicos actúan como lastres que generan retrocesos constantes en la capacidad de respuesta y prevención del Estado. Existe, además, una brecha alarmante entre el conocimiento científico y la decisión política; a pesar de que existen estudios de riesgo y evaluaciones geológicas, estos insumos no se traducen en una planificación efectiva por falta de voluntad política para convertir la evidencia en acción.
En el contexto específico de San Martín, la estrategia debe evolucionar hacia una gobernanza territorial que logre integrar cuencas, microcuencas y comunidades locales, superando el alcance limitado de los planes nacionales. Ante la amenaza del cambio climático, que promete intensificar los eventos extremos, es imperativo que la gestión del riesgo deje de ser reactiva o episódica para transformarse en una política de Estado sostenida basada en la participación social. La meta final no es solo responder a la crisis, sino construir territorios más seguros, resilientes y sostenibles. Como bien señala el balance técnico, la prevención no siempre se ve, pero su ausencia siempre se siente con fuerza cuando el desastre golpea.
