Región enfrenta al desafío de proteger a su población y su infraestructura

La falta de intervención oportuna en los puntos críticos de riesgo hídrico expone a miles de familias e infraestructura clave en San Martín; un llamado urgente a transformar la planificación en acciones concretas antes de que la naturaleza pase la factura.

Un exhaustivo informe consolidado del operativo elaborado por la Comisión de Control ha puesto al descubierto la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran diversas regiones del país tras el análisis de la adopción de acciones ante eventos de riesgo. De un universo total de 1,546 FTR (Fichas Técnicas de Riesgo) evaluadas en 24 regiones para la atención de puntos críticos identificados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), los datos revelan que a nivel nacional 893 FTR (58 %) no evidenciaron la adopción de acciones por parte de los gobiernos regionales y locales, dejando a la deriva la gestión del riesgo. En contraparte, únicamente 653 FTR (42 %) registraron acciones orientadas al financiamiento, inicio de selección o ejecución de intervenciones.

En este escenario nacional, la región de San Martín, ocupa la ubicación N° 5 en volumen total de elementos expuestos debido a la falta de intervención en sus puntos críticos, constituyendo un caso emblemático de marcadas fortalezas territoriales ensombrecidas por serias debilidades de gestión pública.

Por un lado, la principal fortaleza de San Martín radica en su peso productivo, socioeconómico y de conectividad vial dentro de la Amazonía peruana. No obstante, su debilidad más severa estriba en la inacción administrativa de sus autoridades locales y regionales. Según los datos del informe, de un total de 84 FTR recibidas por San Martín, un impactante 82% (69 FTR) se encuentra en la condición de sin acciones, ubicándola en la ubicación N.° 3 a nivel nacional entre las regiones con mayor inacción respecto al volumen de fichas. Tan solo un reducido 18% (15 FTR) registra algún tipo de avance o intervención ejecutada.

Esta inactividad tiene consecuencias directas y alarmantes sobre la seguridad física y material de la región. La falta de obras preventivas deja completamente expuestos a 39,654 habitantes y 9 004 viviendas en la jurisdicción sanmartinense. Asimismo, la infraestructura de servicios básicos se halla bajo serio riesgo, comprometiendo 18,710 metros de redes de agua y desagüe y 21,860 metros de redes eléctricas. El impacto en los servicios esenciales también alcanza a 36 instituciones educativas y 15 centros de salud que carecen de la protección necesaria ante desastres naturales. Finalmente, el motor económico y logístico regional se encuentra profundamente amenazado, registrando 12,012 hectáreas de superficie agrícola/productiva y 48.402 kilómetros de carreteras en constante peligro de colapso o aislamiento.

San Martín cuenta con el potencial y los recursos para salvaguardar su territorio, pero mientras el 82% de sus fichas de riesgo sigan encarpetadas sin acción, su desarrollo seguirá suspendido sobre un hilo.

Por su parte el Gobierno Regional de San Martin informó que adjudicaron proyecto de más de S/40 millones para reforzar respuesta ante emergencias

La inversión, ejecutada mediante Obras por Impuestos, permitirá renovar vehículos, equipos especializados y capacidades operativas en las unidades de Moyobamba, Nueva Cajamarca y Juanjuí, con el objetivo de mejorar la atención ante incendios, accidentes y desastres.

La capacidad de respuesta frente a una emergencia no solo depende de la preparación de quienes acuden al llamado de auxilio, sino también de contar con vehículos, equipos y herramientas adecuadas para actuar a tiempo. En esa línea, el Gobierno Regional de San Martín (Goresam) adjudicó y consintió la Buena Pro de una inversión superior a los S/ 40 millones, destinada a fortalecer los servicios de prevención, preparación y respuesta ante desastres, incendios, emergencias y rescates en la región.

La intervención será ejecutada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos y comprende el mejoramiento y ampliación de los servicios en tres unidades productoras ubicadas en Moyobamba, Nueva Cajamarca y Juanjuí, buscando cerrar brechas en equipamiento y fortalecer la capacidad operativa para atender de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo a la población.

El proyecto contempla la incorporación de una flota especializada para diferentes tipos de emergencias. Entre los principales equipos figuran autobombas contra incendios 4×2, una ambulancia rural equipada, una cisterna de 10,000 litros, un vehículo de rescate, un vehículo forestal contra incendios 4×4 con capacidad de 600 galones y una camioneta de servicio 4×4.

La renovación no se limita a los vehículos. La inversión también considera equipos de protección personal para incendios estructurales y forestales, además de labores de rescate, así como kits de comunicaciones y herramientas especializadas. El equipamiento incluye implementos para rescate vertical, rescate en zanjas y rescate vehicular, además de motosierras, escaleras telescópicas, generadores, motobombas y canastillas de rescate, entre otros elementos destinados a mejorar las condiciones de trabajo de los equipos de emergencia.

La adjudicación se concretó el 5 de agosto de 2026, durante la primera convocatoria del Proceso de Selección N.° 012-2026-GRSM-CE-EF-OXI. En esta etapa participó como único postor el Consorcio Financista Bomberos San Martín, integrado por JCHR & Asociados E.I.R.L. y Memphis Maquinarias S.A.C., cuya propuesta cumplió con los requisitos establecidos en las Bases Integradas.

Al existir una sola propuesta que reunía las condiciones exigidas, el Comité Especial otorgó la Buena Pro y esta quedó consentida el mismo 5 de agosto, conforme al procedimiento previsto en el Reglamento de la Ley N.° 29230. La decisión fue adoptada por unanimidad por los integrantes del Comité Especial y, según lo informado, no quedaron observaciones pendientes.

Con el consentimiento de la Buena Pro se cierra una etapa administrativa y se abre el camino hacia la ejecución de una inversión que busca tener un impacto directo en la capacidad de respuesta de la región.

El reto, ahora, será que los recursos comprometidos se traduzcan en equipamiento operativo, personal mejor preparado y una atención más rápida y efectiva cuando la emergencia llegue, especialmente en una región donde incendios forestales, accidentes y otros eventos pueden poner a prueba, en cualquier momento, la capacidad de los servicios de primera respuesta.