La transparencia y la confianza en el sistema electoral se ponen a prueba en un proceso inédito que busca resolver inconsistencias y garantizar resultados legítimos antes del 15 de mayo.

En medio de un proceso electoral calificado como uno de los más complejos de los últimos años, Grecia Rentería Sanz, abogada del Gabinete de Asesores de Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), llegó a la región San Martín para supervisar y acompañar las audiencias de recuento de votos, un mecanismo excepcional activado ante inconsistencias en las actas electorales.

La especialista explicó que estas audiencias se originan a partir de las denominadas actas observadas, que surgen cuando los datos consignados no coinciden. “Por ejemplo, si tenemos 300 electores hábiles y 250 votantes, pero al sumar los votos de las organizaciones políticas el resultado arroja 280, hay una inconsistencia que no puede ser subsanada directamente”, detalló. En esos casos, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) remite el acta al Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente.

En el caso de San Martín, la magnitud del proceso es significativa: 1.456 actas observadas han sido derivadas para su evaluación, en un contexto donde cada cédula incluye hasta cinco procesos electorales —presidencial, senatorial, distrito único, distrito múltiple, diputados y Parlamento Andino—, lo que incrementa la posibilidad de errores materiales.

Rentería precisó que cuando estas observaciones no pueden resolverse en el ámbito del Jurado Electoral Especial, se convoca a las audiencias de recuento de votos, las cuales ya se vienen desarrollando en la región. Este procedimiento, subrayó, forma parte de un mecanismo excepcional implementado tras la promulgación de una norma en el último año, por lo que no existen precedentes comparativos con procesos anteriores como el del 2021.

A nivel nacional, el sistema electoral ha desplegado una estructura robusta para afrontar este desafío: 60 Jurados Electorales Especiales operan en todo el país, cada uno integrado por tres miembros —un representante de la Corte Superior de Justicia, uno del Ministerio Público y un ciudadano—, con el objetivo de garantizar la imparcialidad y legalidad del proceso.

Respecto al cronograma, la funcionaria fue enfática: el 15 de mayo se darán a conocer los resultados oficiales a nivel nacional, definiendo a los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta presidencial, programada para el 7 de julio. “Es un plazo definitivo”, remarcó.

Asimismo, destacó que este proceso no es improvisado, sino que ha sido trabajado desde la aprobación de la norma. El Jurado Nacional de Elecciones ha implementado un equipo especializado de recuento de votos, acompañado de capacitaciones a nivel nacional y herramientas de transparencia para la ciudadanía. Entre ellas, la posibilidad de seguir en línea las audiencias a través del portal institucional del JNE.

En cuanto a la participación de actores políticos, Rentería confirmó que los personeros de las organizaciones políticas y el Ministerio Público son debidamente notificados y tienen acceso a las audiencias, reforzando así la vigilancia del proceso.

Finalmente, al estimar el impacto de las actas observadas en términos de votos, señaló que cada mesa puede concentrar entre 200 y 300 electores hábiles, lo que evidencia la relevancia de este recuento en el resultado final.

Con miles de votos aún en revisión y un país expectante, el proceso de recuento se convierte en una pieza clave para sostener la legitimidad democrática en un escenario electoral marcado por la alta competencia y la fragmentación política.