“Paremos concesiones mineras en la región”
“Exigen a MINEM e INGEMMET frenar concesiones mineras en San Martín”
Alcaldes, ciudadanos y autoridades regionales alertan sobre los riesgos de importar el modelo de minería ilegal e informal que ya ha generado caos social y ambiental en otras regiones del país.
Concesiones mineras otorgadas en abril por el INGEMMET en Tocache ha encendido las alarmas en San Martín. Organizaciones sociales, la congresista Karol Paredes, y ciudadanos de diversas provincias temen que este sea el inicio de una migración minera que traerá consigo deforestación, contaminación, violencia y descomposición institucional. La exigencia es clara: suspender de inmediato nuevas concesiones y revisar las ya otorgadas, antes de que el oro sucio desfigure el rostro de la Amazonía.
La reciente concesión minera otorgada en abril de 2025 por el INGEMMET en la provincia de Tocache, específicamente en el distrito de Shunte, ha encendido las alarmas entre diversos sectores de la región San Martín. El pronunciamiento de la congresista Karol Paredes Fonseca pone sobre la mesa un tema que ya no puede seguir siendo ignorado: la expansión silenciosa de la minería, legal e ilegal, hacia la Amazonía sanmartinense, y con ello, el arribo de una serie de conflictos sociales, ambientales y económicos que podrían salirse de control.
La concesión minera denominada “Fortaleza Uno Shunte”, a cargo de la empresa California E.R.I.L., no solo despierta serias dudas sobre su legalidad y legitimidad, sino que amenaza con importar a la región el mismo modelo extractivo que ha generado violencia, contaminación por mercurio, deforestación masiva y corrupción institucional en zonas como Pataz (La Libertad) o Madre de Dios.
Un modelo sin licencia social ni garantías para la vida
El pronunciamiento alerta que esta concesión fue otorgada sin aparente consulta previa ni un proceso que respete los derechos territoriales ni la voluntad de la población organizada. No existe hasta ahora evidencia de participación de la comunidad ni garantías de sostenibilidad ambiental o económica. “Nos preocupa que se otorgue un título minero sin que se respeten los mecanismos de consulta ni se considere el impacto social”, señala la congresista en su comunicado oficial.
Peligros inminentes: migración minera y violencia social
Lo que parece una simple concesión es, en realidad, una grieta por la cual podrían ingresar mafias, economías ilegales, trata de personas, incremento del crimen organizado y conflictos comunales. Ya se ha visto en otros puntos del país: la minería informal atrae a poblaciones flotantes, genera enfrentamientos y debilita las instituciones locales. San Martín, hasta ahora libre de ese tipo de conflictos, podría convertirse en un nuevo foco de tensión.
Exigencia urgente a las autoridades: ¡que se suspendan las concesiones!
La congresista Paredes ha hecho un llamado firme al Ministerio de Energía y Minas, al INGEMMET, y a las autoridades de los tres niveles de gobierno: el Gobierno Regional de San Martín y los alcaldes de las 10 provincias deben pronunciarse y exigir la suspensión inmediata del otorgamiento de concesiones mineras en el territorio regional.
“Debemos proteger nuestro territorio de actividades que pueden desencadenar consecuencias irreversibles para nuestras comunidades”, advierte el pronunciamiento. Asimismo, se insta a una revisión integral del marco normativo que permite el avance de concesiones sin licencia social ni estudios técnicos a profundidad.
¿Quién se beneficia con estas concesiones?
En muchos casos, las empresas que obtienen estas concesiones actúan como intermediarios o especuladores: no desarrollan proyectos sostenibles, pero sí afectan directamente la gobernabilidad territorial. Por eso, surge la sospecha de que se está generando un mercado de títulos mineros con fines ajenos al desarrollo regional.
La voz de alerta está dada.
La ciudadanía, los gobiernos locales y la prensa regional tienen la responsabilidad de fiscalizar, informar y exigir transparencia. San Martín debe decidir si abre la puerta a un modelo extractivo o si elige la defensa del territorio, el agua, los bosques y la vida. El Gobierno Regional y los 10 alcaldes deben exigir la suspensión de concesiones mineras.