Américo Arévalo, economista y académico, exige una restitución justa del beneficio tributario amazónico.
Arévalo Ramírez, docente universitario, gerente de empresas agropecuarias y financieras, ex decano del Colegio de Economistas dialogó con VOCES: “Si nos van a quitar el beneficio del crédito fiscal especial del IGV, que lo quiten a todas las regiones amazónicas, no solo a San Martín”, afirma Arévalo Ramírez. Su análisis, expuesto en un reciente foro regional, en el Colegio de Ingenieros de Tarapoto, el economista pone en evidencia una situación que, según sostiene, ha puesto a San Martín en desventaja frente a otras regiones de la Amazonía.
Arévalo respalda la restitución del beneficio tributario que se perdió debido a una interpretación del Tribunal Constitucional, pese a que – según remarca – “la ley nunca entró en vigencia como tal”. “Fue la SUNAT la que nos lo quitó, y lo que planteamos ahora es recuperar un derecho perdido”, señala.
El economista hace una comparación directa con otras regiones cercanas, como Loreto y Ucayali, que – según dice – continúan gozando de beneficios tributarios que incentivan la inversión y la transformación productiva. “¿En qué nos afecta esto a los sanmartinenses? Pues terminamos generando menos empleo y recaudando menos impuestos. El empleo es lo que genera desarrollo, y sin herramientas tributarias no podemos competir”, advierte.
El costo de estar de espaldas
Arévalo no duda en señalar responsabilidades. Desde su punto de vista, quienes estuvieron al frente del gobierno regional de San Martín han estado de espaldas a esta problemática desde 2012. “Nunca se recibieron los aportes del fideicomiso que se había comprometido el Estado. Y lo más grave: empresas que sí estaban aplicando el beneficio legal, luego fueron perseguidas judicialmente por la SUNAT”, afirma con indignación. “Prácticamente hemos estado huérfanos”, remata.
Critica también la débil representación institucional en espacios de debate cruciales. “El Gobierno Regional mandó a este foro a un expositor a leer un texto sin sustento ni peso técnico. Así no se defienden los intereses de la región”, lamenta.
Valor agregado y fuga de oportunidades
Uno de los ejes de su intervención es la falta de incentivos para agregar valor a la producción local. “Nos llenamos la boca hablando de valor agregado, pero no damos las herramientas para hacerlo realidad. Si voy a transformar materia prima, lo haré en Yurimaguas o en Pucallpa, donde sí hay beneficios. En San Martín, no conviene”, subraya.
“Estamos prohibiendo minería, petróleo, agricultura a gran escala, monocultivos, y ahora quieren prohibir también el crédito fiscal. Entonces, ¿a dónde irán nuestros profesionales? ¿Dónde encontrarán empleo nuestros ingenieros medioambientales si no hay inversión privada?”, cuestiona con preocupación.
Desde el Colegio de Economistas, Arévalo anuncia que están elaborando un informe detallado sobre el gasto público en San Martín. “El gasto corriente está reventando. Hoy, más del 70% de los recursos municipales se va en planillas. Solo el 30% queda para inversión. Es urgente replantear el modelo”, indica.
Una academia sin destino profesional
Lanza, además, una alerta directa a la academia: “¿Para qué estamos formando profesionales si no tienen dónde aplicar sus conocimientos? ¿Acaso no estamos convencidos de que nuestros ingenieros pueden hacer minería o extracción de hidrocarburos de forma amigable con el ambiente? Claro que es posible. Los países desarrollados lo hacen. ¿Por qué nosotros no?”
Y concluye con un llamado a la acción: “La sociedad civil, la academia y los colegios profesionales debemos asumir un rol activo. Necesitamos generar oportunidades y empleo para nuestros jóvenes. Basta de cerrar puertas. Abramos los caminos con responsabilidad y visión de desarrollo sostenible”.
“El tema es que le decimos no a todo. Yo no estoy diciendo dale a un informal, dale a un ilegal, eso se llama corrupción”, anota.