Hay noticias que uno lee y sigue tomando café. Y hay otras que hacen que el café se enfríe en la taza porque, de pronto, la realidad está demasiado caliente.

La inseguridad en San Martín ya no parece una visita incómoda que llega de vez en cuando. Se está instalando con maleta propia, dirección conocida y, lo peor, con la sospechosa tranquilidad de quien sabe que nadie le ha pedido documentos.

Hablemos claro.

La carretera Fernando Belaúnde Terry no es solamente una vía que conecta pueblos, mercados y oportunidades. Es también una arteria estratégica por donde circulan personas y mercancías y, como ocurre con todo corredor importante, también pueden circular riesgos. Por eso los controles no pueden ser una fotografía ocasional ni una ceremonia de ocasión.

Porque controlar no puede convertirse en sinónimo de aparecer de vez en cuando para la foto.

La seguridad se construye con presencia permanente, inteligencia, tecnología, prevención y capacidad de reacción.

Y aquí viene la parte incómoda.

En los últimos años, y también en investigaciones recientes, han aparecido ciudadanos extranjeros vinculados a graves hechos delictivos en San Martín. En 2023, por ejemplo, la Fiscalía consiguió prisión preventiva para dos ciudadanos extranjeros investigados por el homicidio de un técnico enfermero en La Banda de Shilcayo, en un caso calificado como presunto sicariato. El Ministerio del Interior también ha informado sobre una organización criminal transnacional que operaba en Tarapoto y que, según la investigación, estaría vinculada con extorsiones, homicidios y trata de personas.

Esto debe decirse con cuidado: no porque alguien sea extranjero es delincuente. La nacionalidad no delinque; delinquen las personas. Pero tampoco podemos convertir la corrección política en una venda que nos impida mirar las alertas de seguridad.

Si existen investigaciones que involucran a extranjeros, corresponde que Migraciones, Policía, Fiscalía y demás autoridades sepan quiénes ingresan, quiénes salen, dónde permanecen y si existen requisitorias, antecedentes o vínculos con organizaciones criminales. Con ley, debido proceso y respeto a los derechos, sí. Pero con control real.

Mientras se debate si corresponde controlar, el delito ya aprendió a controlar sus rutas.

Ahí está el problema de fondo: no basta con reaccionar después del crimen. Hay que cerrar los espacios que lo facilitan.

Hace pocos días, un hombre fue asesinado a balazos en Sauce, a escasa distancia de la comisaría. Dos sujetos habrían llegado en motocicleta, dispararon y huyeron. El caso está bajo investigación.  La distancia entre el crimen y la comisaría debería hacernos una pregunta incómoda: ¿qué tan cerca tiene que llegar la delincuencia para que entendamos que ya llegó demasiado cerca?

Y no es el único frente.

En Tocache y Uchiza, autoridades regionales han advertido sobre el avance de la minería ilegal y sobre el ingreso de personas vinculadas a actividades ilícitas desde otras regiones. Se habla de instalar un sistema de monitoreo en zonas limítrofes. Perfecto. Pero que esta vez el proyecto no termine convertido en otro monumento a la buena intención.

Porque San Martín ya conoce esa película.

Se anuncia una garita.

Se propone un centro de monitoreo.

Se presenta un proyecto.

Se cambia una gestión.

Se cambia una autoridad.

Se cambia el discurso.

Y mientras tanto, el problema no cambia.

La región necesita controles inteligentes en sus principales corredores, intercambio de información en tiempo real, vigilancia en puntos estratégicos y una verdadera articulación entre Policía, Fiscalía, Migraciones, gobiernos locales, Gobierno Regional y demás instituciones competentes.

No necesitamos islas institucionales. Necesitamos un puente.

Porque cuando cada institución trabaja mirando su propio expediente, la delincuencia trabaja mirando el mapa completo.

Y ahí perdemos.

También debemos hablar de nuestras adolescentes y de la trata de personas. Si existen alertas sobre captación y traslado de menores por corredores viales, la prevención no puede comenzar cuando una familia ya está pegando fotografías en postes. Tiene que comenzar mucho antes: en las escuelas, terminales, carreteras, barrios, redes sociales y puntos de control.

Una niña desaparecida no puede convertirse en estadística.

Un asesinato no puede convertirse en rutina.

Una extorsión no puede convertirse en el nuevo costo de emprender.

Y una carretera no puede convertirse en una autopista para la impunidad.

San Martín no necesita vivir con miedo ni mirar con sospecha a quien viene de afuera. Necesita algo mucho más serio: un Estado que sepa distinguir entre migración y criminalidad, pero que no sea ingenuo frente a las organizaciones que intentan aprovechar los vacíos de control.

Porque ser hospitalarios no significa ser indefensos. Y cumplir la ley no significa bajar la guardia frente al delito.

Esta taza de café no quiere alarmar. Quiere despertar.

Hay que exigir resultados, presupuesto, inteligencia, controles y continuidad. Hay que desempolvar proyectos, instalar sistemas de monitoreo y sentar a todas las instituciones en una misma mesa. Hay que dejar de normalizar lo anormal.

Y mientras algunos siguen preguntándose quién tiene la competencia, el delito ya sabe perfectamente por dónde entrar.

Con Aroma a Café, pero esta vez, con los ojos bien abiertos.