Ante el avance de la minería legal e ilegal y la precariedad de los servicios básicos en las zonas rurales, las fuerzas vivas de la región San Martín han decidido unificar su lucha. El Comité Ejecutivo de los Defensores del Agua y los Bosques, junto a dirigentes de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), juntas de usuarios de riego y el Frente de Defensa de Tabalosos, trazaron la ruta para blindar la región como «cabecera de cuenca amazónica».

El acuerdo principal de este primer encuentro ha sido contundente: exigir al Gobierno Central la nulidad de las concesiones mineras metálicas otorgadas por el INGEMMET. Los dirigentes advierten que estas autorizaciones ponen en riesgo directo el sistema hidrológico de la región, compuesto por 126 ríos, 747 quebradas, 56 lagunas y 2 lagos, fuentes vitales para la agricultura y el consumo humano.

Más allá de la amenaza minera, la reunión expuso una realidad alarmante sobre la salud pública. Según el diagnóstico compartido, más del 70 % de los caseríos en San Martín no cuenta con un servicio adecuado de agua segura.

A pesar de la existencia de 712 organizaciones comunales (de las cuales 584 son JASS), la falta de infraestructura y apoyo técnico mantiene en riesgo la salud de miles de familias. Por ello, la plataforma de lucha incluye como prioridad el fortalecimiento legal e institucional de estas organizaciones que gestionan el agua en el campo.

La asamblea también levantó su voz de protesta contra la expansión de la minería ilegal en la cuenca del río Huallaga. Los defensores del agua denunciaron que esta actividad delictiva avanza impunemente, contaminando las fuentes de agua y depredando los bosques, delitos que ya están tipificados en el Código Penal pero que requieren una acción firme de las autoridades.

Para consolidar estas demandas, se ha convocado a la II Asamblea de Ancha Base, que se realizará el próximo 28 de marzo de 2026 en la ciudad de Tarapoto.

Se espera una movilización masiva que integre a representantes de las 10 provincias, 78 distritos y 2,981 caseríos. Asimismo, se ha garantizado la participación activa de las comunidades nativas de los pueblos Awajún, Kichwa, Shawi y Yaminahua, bajo un enfoque de interculturalidad respaldado por las Ordenanzas Regionales N.° 011 y 013-2024.

«Proteger el agua y los bosques de la Amazonía no es una opción, es una obligación moral. Defender estos recursos es defender la vida y el futuro de nuestros hijos», concluye el manifiesto de las organizaciones, quienes ya preparan comisiones especiales para vigilar el accionar de las EPS, las municipalidades y frenar las lotizaciones desordenadas que devoran el bosque.