A pesar de que la región San Martín recaudó más de S/152,000 por concepto de canon y regalías en 2024, la ejecución de proyectos públicos de calidad sigue siendo una deuda pendiente. Mientras el Estado demuestra ineficiencia en la inversión de estos recursos, la SUNAT, en lugar de enfocarse en la lucha contra la informalidad y el mal manejo del gasto público, ha decidido centrar su atención en fiscalizar a los peruanos que realizan compras en plataformas como Temu y AliExpress.
En un país donde la informalidad y la economía ilegal operan con total impunidad, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la SUNAT han optado por endurecer el control sobre los consumidores que adquieren artículos en el extranjero. En 2023, se registraron aproximadamente 1.8 millones de transacciones de comercio electrónico mediante Courier, cifra que se elevó a 4.4 millones en 2024 y que se proyecta alcanzar los 7 millones al cierre del año. Ante este auge, la SUNAT ha decidido intensificar la fiscalización sobre el denominado «comercio hormiga», criminalizando una práctica que responde a la búsqueda de mejores precios por parte de los ciudadanos.
Esta narrativa persecutoria se reforzó bajo la gestión del exministro José Arista, quien priorizó exprimir a los contribuyentes formales para salvar Petroperú y reducir el déficit fiscal generado por la propia burocracia estatal. Ahora, su sucesor, José Salardi, enfrenta un desafío clave: corregir el desbalance estructural de las finanzas públicas en un contexto donde el déficit fiscal ha alcanzado el 3.6% y el gasto corriente sigue creciendo de manera descontrolada.
En lugar de enfocarse en soluciones estructurales, como reducir impuestos, simplificar la formalización o eliminar trabas burocráticas, el Estado sigue gastando sin control y ajustando a los contribuyentes formales. En San Martín, la millonaria recaudación de canon y regalías no se traduce en mejores servicios públicos ni infraestructura de calidad. ¿Dónde están esos recursos? ¿Por qué la población no ve reflejado ese dinero en proyectos tangibles?
Para Camila Costa, directora de la Asociación de Contribuyentes del Perú, esta política de presión tributaria solo genera rechazo: «El sector productivo, que ya paga impuestos, sigue sin recibir servicios públicos de calidad a cambio. Mientras tanto, el Estado sigue apostando por un gasto creciente e ineficiente». El verdadero problema no son las compras por internet, sino un Estado que, a pesar de contar con una recaudación significativa, sigue sin cumplir con su parte del contrato social.