Las cifras oficiales confirman una grave problemática de violencia sexual en la región. Solo en diciembre se reportaron 9 partos en niñas de entre 11 y 14 años.
El embarazo infantil forzado sigue siendo una alarmante realidad en la región San Martín. Durante el año 2025 se registraron 70 partos en niñas menores de 14 años, de acuerdo con información oficial del Registro del Certificado de Nacido Vivo del Ministerio de Salud (MINSA), cifras que reflejan situaciones de violencia sexual contra menores de edad.
A nivel nacional, el panorama no es menos preocupante. En todo el Perú se contabilizaron 992 partos en niñas menores de 14 años entre enero y diciembre del 2025, evidenciando que cientos de menores fueron obligadas a continuar embarazos producto de violaciones sexuales, una situación que organizaciones defensoras de derechos humanos califican como una forma de tortura.
El comportamiento mensual muestra un incremento progresivo de los casos. En diciembre de 2025 se alcanzó el pico más alto del año con 124 partos infantiles a nivel nacional, mientras que San Martín cerró el año con 9 casos solo en ese mes, manteniéndose entre las regiones con cifras preocupantes.
Otro aspecto crítico es el impacto en la educación de las menores afectadas. En San Martín, 49 niñas que dieron a luz tenían secundaria incompleta, 15 primaria completa, 5 primaria incompleta y solo 1 secundaria completa, lo que confirma que el embarazo infantil interrumpe de manera abrupta la formación educativa y el proyecto de vida de las víctimas.
Las organizaciones CLADEM Perú y PRODEMU recordaron que toda víctima de violencia sexual tiene derecho a recibir atención integral inmediata, que incluye Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), pruebas para VIH y hepatitis, atención médica y psicológica, así como información sobre el aborto terapéutico, conforme a la normativa vigente, además de garantías para el acceso a la justicia.
Finalmente, las entidades exhortaron al Estado a fortalecer las acciones de prevención, protección y sanción, advirtiendo que el embarazo infantil forzado constituye una grave vulneración de derechos humanos que no puede seguir siendo normalizada. Ante un hecho de violencia sexual, se recuerda que se puede llamar a la Línea 100, acudir a un Centro de Emergencia Mujer (CEM) o denunciar en la comisaría más cercana.
