Sólo el 19.7% de los sanmartinenses accede a agua apta para el consumo humano(con niveles adecuados de cloro),cifra que representamenos de la mitad del promedio nacional (41.7%) según el INEI.
La falta de agua potable apta para el consumo humano condena a miles de familias a la pobreza y compromete la salud de los niños, en una región donde la informalidad urbana y la ineficiencia del gasto público frenan el acceso a los servicios más elementales.
El acceso a los servicios fundamentales atraviesa una crisis crítica en la Amazonía peruana. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el porcentaje de la población con acceso a agua en San Martín prácticamente se estancó entre 2017 y 2025, pasando de 80.8% a 80.4%. No obstante, el problema más severo radica en la salubridad: apenas el 19.7% de los sanmartinenses accede a agua apta para el consumo humano (con niveles adecuados de cloro), cifra que representa menos de la mitad del promedio nacional (41.7%).
Esta alarmante carencia de agua segura desencadena graves impactos en la salud pública, deteriorando severamente la calidad de vida de la población y vulnerando en especial a la niñez, propensa a sufrir desnutrición crónica, anemia e infecciones gastrointestinales recurrentes que frenan su desarrollo integral. A este sombrío panorama se suma el desorden territorial, donde siete de cada diez viviendas urbanas son informales por carecer de título de propiedad o presentar deficiencias estructurales, lo que encarece y dificulta la extensión de las redes básicas.
Asimismo, el servicio padece de serios problemas de continuidad: el 13.3% de habitantes no recibe agua potable todos los días, mientras que el porcentaje de familias que cuenta con menos de 12 horas diarias de agua aumentó de 34% en 2024 a 37% en 2025, posicionando a la región entre las cinco con mayor retroceso en el país. Pese a la magnitud del problema, los recursos disminuyen y la gestión estatal muestra severas limitaciones; para el año 2026, el presupuesto asignado a la inversión pública en saneamiento cayó por segundo año consecutivo a S/222 millones, un 14.4% menos en términos reales que en 2025 y casi la mitad del nivel pre – pandemia. A esto se añade una deficiente capacidad de gasto, pues la ejecución presupuestal descendió de 81.3% en 2024 a 72.8% en 2025 y, a pocos meses de culminar el 2026, apenas supera el 40%, registrándose además 220 proyectos de saneamiento paralizados o abandonados según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE).
Frente a las próximas elecciones subnacionales de octubre, resulta imperativo que las nuevas autoridades asuman el cierre de esta brecha como una estrategia medular e impostergable para combatir la pobreza estructural, articulando esfuerzos con las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), asegurando ejecuciones oportunas y promoviendo la inversión mediante Obras por Impuestos (OxI) y Asociaciones Público-Privadas (APP).
Garantizar agua limpia para San Martín no es solo una promesa de campaña ni un gasto de infraestructura: es la base fundamental para rescatar a la infancia de la enfermedad y la única vía real para sacar a la región de la pobreza. Fuente: INEI
