El abuso de la función pública no solo quiebra la confianza ciudadana en las instituciones de orden, sino que desvirtúa el verdadero propósito de la justicia al convertir la vulnerabilidad social en una moneda de cambio.

En un firme paso contra la impunidad y la corrupción en el aparato estatal, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Mariscal Cáceres consiguió que el Poder Judicial dicte una sentencia condenatoria contra el efectivo policial Jin Colchado Saldivar, suboficial de tercera (S3) de la Comisaría PNP de Nuevo San Martín, tras demostrarse su responsabilidad en el delito de concusión en agravio del Estado peruano.

Los hechos se remontan a agosto de 2019, periodo en el que el sentenciado, valiéndose de su investidura y autoridad, abusó de su cargo para inducir a una ciudadana a entregarle la suma de S/ 3 000. El agente policial abordó a la víctima bajo el engaño de ofrecerle un supuesto apoyo legal para un proceso que involucraba a su hijo menor de edad, instrumentalizando la desesperación familiar para obtener un lucro ilícito. Durante el juicio oral, el fiscal adjunto Anticorrupción, José Manuel Peche Gonzales, desplegó una sólida estrategia argumentativa sustentada en diversos medios probatorios, entre ellos la declaración de la agraviada, testimonios estratégicos y documentación clave, elementos que terminaron por destruir la presunción de inocencia del acusado al evidenciar cómo se aprovechó de su condición policial para beneficio propio.

Ante la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el Juzgado Penal Unipersonal de Tocache impuso al procesado tres años de pena privativa de libertad suspendida por el periodo de dos años, además del pago de 200 días multa equivalentes a S/ 3 000 a favor del Tesoro Público. La sanción penal incluye también la drástica medida de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un lapso de seis años y fijó en S/ 10 000 el monto por concepto de reparación civil que el ahora condenado deberá abonar de forma directa a favor de la ciudadana afectada, sentando un precedente directo en la región sobre las consecuencias legales de transgredir los deberes de función.