La situación en Shunté y el otorgamiento de derechos mineros debería estar en la agenda urgente de la ministra de Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, natural de San Martín. Lo que pueda impulsar desde el Ejecutivo será clave para cerrar vacíos normativos, frenar concesiones en zonas sensibles y evitar que la minería ilegal siga avanzando en la región.

La expansión de la minería ilegal hacia territorio sanmartinense ya no es una advertencia lejana. Es una preocupación concreta. Así lo reconoce el Director Regional de Energía y Minas de San Martín, Óscar Fernández, quien advierte que lo que ocurre en Shunté (provincia de Tocache) podría ser el reflejo del llamado “efecto globo” tras la declaratoria de emergencia en Pataz.

Shunté: el desplazamiento de la minería ilegal

Según explicó el Director Regional de Energía y Minas, Óscar Fernández, la actividad ilegal que operaba en Pataz —zona declarada en emergencia— estaría desplazándose hacia Shunté. “Hemos identificado esta presencia. Ya se realizaron actividades de interdicción en noviembre del año pasado, se identificaron maquinarias y equipos que fueron detonados”, precisó. Sin embargo, el problema no solo es la minería ilegal en sí misma, sino el contexto legal que la rodea.

Son 43 derechos mineros titulados y 31 en trámite

Un dato que enciende las alertas: en Shunté existen 43 derechos mineros titulados por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y 31 derechos mineros en trámite. Además, el Gobierno Regional de San Martín tiene tres expedientes en evaluación.

Fernández fue enfático en una aclaración técnica clave: “El derecho minero o la concesión minera por sí misma no otorga autorización para actividades de exploración ni explotación.”

No obstante, reconoció que “abre la puerta” para que los titulares inicien procedimientos posteriores. La región solicitó al Ejecutivo la ampliación territorial de la declaratoria de emergencia vigente en Pataz hacia Shunté, pero no hubo respuesta. El pedido será reiterado.

Vacíos normativos y ordenamiento territorial ausente

El trasfondo, según el funcionario, es normativo. Actualmente, instrumentos regionales como la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) y las Zonas de Conservación y Recuperación (ZOCRES) no están incorporados de manera vinculante dentro de la Ley General de Minería ni en el reglamento de procedimientos mineros.

Esto significa que el Ingemmet puede otorgar derechos sin que estos instrumentos ambientales regionales sean determinantes en la evaluación.

La ZEE de San Martín, aprobada en 2006, requiere actualización. La Autoridad Regional Ambiental viene trabajando en ello, pero el proceso aún no se ha oficializado públicamente.

Para Fernández, el ordenamiento territorial debe ser un instrumento planificador no solo regional, sino nacional, especialmente en regiones amazónicas con amplias áreas de conservación.

El riesgo del “efecto globo” en Tocache

La preocupación no es menor. Tocache fue duramente golpeada por el narcotráfico en las décadas de los 80 y 90. Hoy intenta consolidar un nuevo modelo de desarrollo. El temor es que la minería ilegal sustituya a las economías ilícitas del pasado.

El Director Regional de Energía y Minas, Óscar Fernández, reconoce que frenar el avance ilegal requiere articulación con múltiples entidades: el Ministerio de Energía y Minas, la Fiscalía Ambiental y la Policía Nacional del Perú.

Pero también admite que falta una mirada integral de Estado.

La reflexión es inevitable: mientras el Estado nacional mantiene un discurso de lucha contra la minería ilegal, en la práctica continúan otorgándose derechos mineros en zonas sensibles de la Amazonía.

Extracción en la naciente del Río Negro: Competencias fragmentadas

En un bloque aparte, otro foco de conflicto: la presunta extracción de material agregado en la cabecera de cuenca del Río Negro.

Fernández confirmó que existe un derecho minero en trámite ante el Ingemmet en esa zona. Sin embargo, reiteró que el derecho minero no equivale a autorización de actividad.

La actividad que presuntamente se estaría desarrollando sería ilegal.

La competencia para autorizar extracción de materiales de construcción en ríos corresponde a los gobiernos locales, previa opinión de la autoridad local del agua. En este caso, la Municipalidad de Pardo Miguel, el ALA Alto Mayo y existe además una denuncia de la EPS Rioja ante la Fiscalía Ambiental desde el año pasado, sin resultados visibles hasta la fecha.

La Dirección Regional de Energía y Minas ha realizado fiscalizaciones, pero no logró ubicar a los extractores, aunque sí halló vestigios de actividad.

El panorama expuesto por el Director Regional de Energía y Minas de San Martín, Óscar Fernández, deja un mensaje claro: mientras no se adecúe el marco normativo y no se incorporen instrumentos como la Zonificación Ecológica y Económica dentro de los procedimientos mineros, regiones amazónicas como San Martín seguirán enfrentando un escenario frágil, donde la legalidad formal puede terminar facilitando el avance de economías ilegales. El caso Shunté, advierte la región, no puede esperar.