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Silencio de Fiscalía, Procuraduría, OCI y Consejo Regional genera alarma en San Martín

Consejero Elías Paredes exige reacción inmediata:

Walter Grundel ganó las elecciones con el discurso de que “con él no hay vainas, cero corrupciones”; sin embargo, hoy crece la decepción ciudadana ante los presuntos hechos irregulares y la falta de respuestas firmes de las instituciones llamadas a fiscalizar.

El Consejero Regional por la provincia de Rioja, Abog. Elías Paredes Díaz, cuestionó públicamente el silencio del Consejo Regional de San Martín, así como la falta de acciones visibles por parte de la Fiscalía Anticorrupción, la Procuraduría Regional y el Órgano de Control Interno (OCI) frente a los recientes audios y presuntos actos de corrupción que involucran a la actual gestión del Gobierno Regional.

Paredes explicó que, hasta el momento, el Consejo Regional no ha emitido un pronunciamiento oficial debido a que los audios se difundieron después de la última sesión ordinaria realizada en febrero. Indicó que correspondería que en la próxima sesión de marzo se adopte una posición institucional. No obstante, remarcó que el escenario exige una respuesta inmediata de las instancias competentes, en especial de la Fiscalía Anticorrupción y de la Dirección contra la Corrupción (DILCOCOR), además de la Procuraduría Regional de San Martín.

El consejero precisó que, si bien no puede hablar en nombre de los 15 consejeros, considera que el consejero delegado debió pronunciarse oportunamente. “Antes el Consejo Regional sí emitía comunicados; hoy no sabemos qué está pasando”, sostuvo. Añadió que la ciudadanía se pregunta dónde se encuentra el órgano fiscalizador regional en medio de una coyuntura que compromete la credibilidad institucional.

En relación con la vicegobernadora, quien ha solicitado la intervención de la Fiscalía Anticorrupción y garantías para su seguridad, Paredes consideró que tuvo la oportunidad de adoptar medidas más contundentes, como dejar sin efecto la resolución mediante la cual el gobernador delegó al gerente general la facultad de cesar y nombrar funcionarios. “En política hay que ser coherentes entre lo que se dice y lo que se hace. No basta con un comunicado si se tiene la posibilidad de tomar decisiones y no se hace”, enfatizó.

El consejero anunció que, a título personal, presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, asumiendo – según dijo – su responsabilidad como autoridad fiscalizadora. Recordó que ingresó al Consejo por una línea política distinta a la del gobernador regional y que, durante la gestión, ha presentado dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción en Moyobamba, relacionadas con un trabajador de confianza y con el anterior administrador del Gobierno Regional. “Creo que soy el único de los 15 consejeros que ha presentado denuncias formales”, afirmó.

Paredes también cuestionó que el gobernador regional, Walter Grundel, no haya salido personalmente a responder ante los cuestionamientos. “La población quiere escuchar al gobernador. Él dirige la gestión en la región San Martín. Paradójicamente hablamos de una gestión transparente”, señaló.

Asimismo, expresó su preocupación por el silencio de la Procuraduría Regional, del propio Consejo Regional y por la “lentitud” del Ministerio Público en la región. Indicó que, mientras en otras regiones se observan operativos inmediatos ante presuntos actos de corrupción, en San Martín no se advierten acciones visibles. Incluso advirtió que en la región no existirían fiscales anticorrupción especializados, lo que – según dijo – debilitaría la capacidad de respuesta institucional.

Finalmente, recordó que durante el proceso electoral el gobernador Walter Grundel ganó con el discurso de que en su gestión habría “cero corrupciones”. Sin embargo, sostuvo que hoy muchos ciudadanos se sienten decepcionados por los constantes cuestionamientos y por la ausencia de decisiones firmes. “Cuando existen hechos irregulares no se puede pedir que te muestren pruebas para recién actuar; corresponde tomar decisiones preventivas desde las competencias de cada institución”, concluyó, instando a que la Fiscalía Anticorrupción, la Procuraduría, el OCI y el Consejo Regional asuman el rol que la ley y la ciudadanía les demandan.

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