A raíz de las publicaciones en VOCES sobre la crisis del ACR Cordillera Cerro Escalera y el accionar de GORESAM a través del PEHBM.
Como fervientes defensores de nuestro legado de familia; los archivos lo pueden demostrar son miles las páginas en estas 4,516 ediciones VOCES con propuestas y debates de profesionales, técnicos, políticos, de nuestros ancestros, en todos los niveles y espacios de la sociedad sanmartinense aquí se escribió nuestra terca DEFENSA DE VIDA, LA VERDAD Y LA NATURALEZA, SIN NINGÚN INTERÉS ECONÓMICO, SOLO APOYO TOTAL PARA DIFUNDIR Y PARTICIPAR DEL CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ; nos une un mundo de hombres y mujeres que nos acompañaron en esta causa – SUMEMOS ESFUERZOS por una causa que nos involucra a todos los sanmartinenses.
Tratamos de caminar ligeros, con la pausa que nos ha enseñado la vida pero con la misma entrega y pasión por este oficio, y ahí vamos.
Eso sí, condenamos todo acto vejatorio amenazante e intimidatorio –nunca nos corrimos- en esa línea natural de la vida. Como VOCES hemos acompañado y nos hemos puesto al hombro en defensa de nuestro habitad, celebremos la unidad, la esperanza y la fe en una situación complicada para la humanidad.
Sobre el tema, va la nota de Karina Pinasco Vela.
“Intentan tapar la ineptitud de una gestión culpando a las organizaciones de la sociedad civil”
Son servidores públicos que deben buscar el bien común
Por: Biologa Karina Pinasco Vela
Directora Amazónicos por la Amazonía – AMPA
Coordinadora General Red «Amazonía Que Late»
El ACR Cordillera Escalera está en crisis y en una amenaza latente porque quien es el responsable directo de la administración de un bien público como es el ACR, ósea el Gobierno Regional de San Martín, dice que le representa una carga presupuestal. Lo que a mi parecer es un despropósito para un área tan importante para la población sanmartinense como para la humanidad, ya que le proporciona un servicio fundamental para la VIDA como es el agua.
Nunca hemos captado donaciones ni trabajado directamente en el ACR CE, ni como Karina, ni como la organización que represento, nuestra labor está más enfocada en la conservación voluntaria y comunal, por eso me ha sorprendido que el gobernador mencione abiertamente que lo que el tema del ACR CE es una guerra de Quevedos y Pinascos contra el Gobierno Regional de San Martín, y que hay organizaciones que vienen lucrando con el ACR, nada más falso, si no existieran estas organizaciones seguramente el ACR estaría destruida y las provincias de San Martín, con su capital Tarapoto, y de Lamas, estarían sin agua.
El ACR CE es el patrimonio natural de todas y todos los sanmartinenses, desde su establecimiento, el 2005, la hemos defendido con todas nuestras armas ante todo tipo de intereses económicos y políticos, y digo hemos porque a pesar de vivir en Moyobamba, y no tener ninguna relación en la gestión del ACR, entiendo su gran importancia para la humanidad, para nuestra supervivencia y nuestro futuro. Lo que sí es seguro que seguiremos defendiéndola, levantando la voz y apoyando a las organizaciones locales, no por intereses personales, sino colectivos; así como defendemos el Bosque de Protección Alto Mayo, y las Concesiones para Conservación como las Áreas de Conservación Privada; y de ser necesario el Parque Nacional del Río Abiseo, el Parque Nacional Cordillera Azul y el ACR BOSHUMI.
Nunca he estado en contra del Gobierno Regional, cómo estarlo si como sanmartinense quiero lo mejor para mi región, lo que estoy en contra es de gestiones que vulneran nuestros derechos, entre ellos el de vivir en un ambiente sano y equilibrado; y siempre estoy presta a apoyar y sumar esfuerzos para lograrlo.
Otra de las cosas que me llama la atención, es que intentan tapar la ineptitud de una gestión culpando a las organizaciones de la sociedad civil, solo recordarles que desde el momento que llegaron al poder, son servidores públicos que deben buscar el bien común, y que asumir responsabilidades que no pueden eludir como es la gestión de las ACR.
Seamos sinceros, si en San Martín se ha reducido la deforestación, ha sido gracias a la sociedad civil organizada, ya sea en asociaciones de productores, rondas campesinas, asociaciones de conservación, comunidades rurales, etc. Si esta gestión cree que 7 millones en 10 años es mucho; pues esta ciudadanía organizada que administra sus concesiones para conservación de manera voluntaria, le significa un ahorro al tesoro público de 7 millones de soles por año, estos ciudadanos organizados son los verdaderos servidores públicos y el estado no invierte un sol en ellos.
Por último, si no están en la capacidad ni técnica ni financieramente para administrar y gestionar las ACR como debe de ser, usen la figura de contratos de administración como lo hacen con las áreas naturales protegidas a nivel nacional, en San Martín tenemos dos ejemplos de contratos de administración, la del BPAM que está administrado por CI; y el PNCAZ, administrada por CIMA. Estoy segura que las personas de a pie de Tarapoto, Lamas, y demás ciudades se organizan a la velocidad de la luz para defender, gestionar y resguardar su principal patrimonio.