Debemos fijar atención quiénes financian campañas, qué candidatos guardan silencio frente a la minería ilegal y quienes tienen antecedentes o vínculos cuestionables.

Próximos a un nuevo proceso electoral, muchos politiqueros prefieren mirar a otro lado. Mientras tanto, la minería ilegal avanza sobre las cabeceras de cuenca amazónicas, contamina ríos, divide comunidades y encuentra respaldo en redes políticas enquistadas incluso en el actual Congreso. La pregunta ya no es si el problema existe, sino cuánto más estamos dispuestos a tolerarlo.

Las palabras del exfiscal ambiental español Antonio Vercher, quien afirmó que “el delito medioambiental es una forma de suicidio”, retumban con fuerza en la Amazonía peruana. Y particularmente en San Martín, donde la amenaza de la minería ilegal y otras economías depredadoras comienza a instalarse silenciosamente sobre territorios frágiles, nacientes de agua y ecosistemas estratégicos.

Mientras el mundo debate el cambio climático y la destrucción ambiental, en esta parte del país la preocupación parece caminar sola. Los ríos amazónicos empiezan a cargar sedimentos, mercurio y destrucción; los bosques son perforados por intereses ilegales; y muchas autoridades apenas reaccionan con tibios pronunciamientos.

La situación resulta más grave porque detrás de estas actividades no solo operan mineros informales o mafias locales. Existen articuladores políticos, operadores económicos y personajes vinculados al poder que facilitan protección, silencios y blindajes. Algunos incluso alcanzaron cargos públicos o escaños en el propio Congreso de la República.

En tiempos electorales, pocos quieren hablar del tema. La defensa ambiental no parece rentable políticamente. Se prefiere inaugurar obras menores, posar para fotografías o lanzar discursos vacíos antes que enfrentar a organizaciones ilegales que ya disputan territorio y poder en la Amazonía.

Cabeceras de cuenca en riesgo

La preocupación crece especialmente por el avance de actividades extractivas ilegales cerca de las cabeceras de cuenca, espacios vitales donde nacen los ríos que abastecen de agua a miles de familias amazónicas.

Especialistas ambientales advierten que intervenir estas zonas significa alterar irreversiblemente ecosistemas completos. En regiones amazónicas cercanas ya se observan consecuencias devastadoras: pérdida de bosques, contaminación por mercurio, desaparición de fauna y conflictos sociales.

En San Martín, aunque el fenómeno todavía no alcanza la magnitud de otras regiones como Madre de Dios, diversos sectores alertan sobre movimientos silenciosos de ocupación territorial, extracción ilegal y presión sobre áreas de conservación y fuentes hídricas.

El problema es que parte de la población parece haber normalizado la destrucción ambiental. Muchos consideran que mientras exista dinero circulando o empleo inmediato, el daño ecológico puede esperar. Pero la historia demuestra que el costo social termina siendo mucho mayor.

Los impactos que ya golpean a la Amazonía

Entre los principales efectos de la minería ilegal y actividades conexas destacan: Contaminación de ríos y quebradas con mercurio y combustibles, destrucción acelerada de bosques amazónicos, pérdida de biodiversidad y especies silvestres, incremento de trata de personas, prostitución y violencia, conflictos sociales y debilitamiento de comunidades indígenas, afectación de la agricultura y seguridad alimentaria, riesgos para la salud pública por consumo de agua contaminada y el riego que vivimos, la captura política y corrupción institucional

Diversos líderes amazónicos sostienen que el verdadero peligro no es únicamente ambiental, sino también democrático. Cuando las economías ilegales penetran la política, el Estado empieza a perder autoridad sobre sus propios territorios.

Pronunciamientos ya no bastan

En San Martín abundan comunicados, mesas técnicas y discursos sobre sostenibilidad. Sin embargo, la ciudadanía empieza a preguntarse dónde están los liderazgos reales capaces de enfrentar intereses ilegales.

Porque defender la Amazonía no puede seguir siendo tarea exclusiva de algunos dirigentes ambientales, periodistas o comunidades aisladas. Se necesita decisión política, articulación institucional y una sociedad menos indiferente.

El silencio también destruye.

Las próximas elecciones serán decisivas. Los ciudadanos deberán observar con atención quiénes financian campañas, qué candidatos guardan silencio frente a la minería ilegal y cuáles poseen antecedentes o vínculos cuestionables.

La defensa del agua y de los bosques no debería depender de modas políticas. La Amazonía no puede seguir siendo sacrificada mientras muchos prefieren hacerse los distraídos.

Como advirtió Antonio Vercher, destruir el ambiente es una forma de suicidio colectivo. La pregunta ahora es inevitable: ¿Hacia dónde vamos?