Los testimonios coinciden en un reclamo unánime por el respeto al ordenamiento territorial, la legalidad y el medio ambiente. Ricuricocha no es solo un paisaje hermoso: es un ecosistema vital, frágil y legalmente protegido. La ciudadanía organizada, los colegios profesionales y las instituciones ambientales exigen que se derogue la ordenanza municipal aprobada y que se sancione a los responsables políticos y técnicos.

Exalcalde Tedy Del Águila: “La ordenanza municipal es ilegal y debe ser derogada de inmediato”

Para el arquitecto Tedy Del Águila, exalcalde de la provincia de San Martín, lo ocurrido en Ricuricocha representa una grave vulneración al Plan de Desarrollo Urbano (PDU), vigente hasta el año 2029. Según su testimonio, la aprobación de un plan específico promovido por un privado cambió la zonificación del área, pese a que está reconocida como zona de reglamentación especial y sujeta a intervención con énfasis en sostenibilidad ambiental.

«La municipalidad ha aprobado una ordenanza que contraviene el PDU y ha dado pie a una habilitación urbana encubierta«, señala. Esto, afirma, debe anularse mediante una nueva sesión del concejo, cuya demora solo aumenta la sospecha de intereses ocultos y abre las puertas a consecuencias legales y políticas.

Del Águila advierte que el procedimiento ya está avanzado, ya que tras la publicación de la ordenanza, la empresa solicitó el certificado de zonificación, usos y vías, requisito esencial para presentar el expediente técnico de habilitación urbana.

Además, denuncia que la revisión de dicho expediente sería encargada a revisores urbanos nacionales —posiblemente afines a la empresa—, y no a profesionales locales, que serían más rigurosos en proteger Ricuricocha.

“Decir que no se ha aprobado una habilitación urbana es falso. Al cambiar la zonificación, se da luz verde al promotor para urbanizar”, subraya.

El exalcalde también exige sanciones políticas y penales, y advierte que esto sienta un nefasto precedente para otros espacios frágiles como humedales u ojos de agua.

Subgerente de Planeamiento, Control Urbano y Catastro, gestión Arq. Tedy Del Águila

 “El planeamiento urbano retrocede 20 años con esta decisión”

El arquitecto Jorge Del Águila Chávez, ex subgerente de Planeamiento, Control Urbano y Catastro de Municipalidad Provincial de San Martín, fue tajante al calificar la aprobación como “un despropósito originado en la ignorancia y conveniencia”.

“Tarapoto era ejemplo en la Amazonía por su planificación urbana. Esta decisión nos hace retroceder décadas”, lamenta. Advierte que el desarrollo urbano no se puede basar en poner casas donde haya mejor vista, sino que debe preservar el equilibrio entre lo construido y lo natural.

Asimismo, reclama un pronunciamiento urgente de los colegios profesionales, no solo de Arquitectos e Ingenieros, sino también de Biólogos y Abogados, ya que se ha violado normativa ambiental y legal.

En una reunión con dos regidores —documentada con pruebas gráficas—, la sociedad civil evidenció que muchos de los que votaron a favor lo hicieron sin conocer antecedentes ni la real dimensión del daño ambiental.

“Se están enfrentando a una sociedad organizada que exige respeto al ordenamiento urbano y al patrimonio natural”, sentenció.

Para la Autoridad Regional Ambienta ARA Ing. Carlos Villavicencio: “La municipalidad sabía que Ricuricocha era intangible”

Desde la Autoridad Regional Ambiental (ARA), el ingeniero Carlos Villavicencio fue claro: Ricuricocha ya estaba registrada como zona de conservación y recuperación de ecosistemas (ZOCRE), y esa condición era plenamente conocida por la municipalidad.

“No se puede alegar desconocimiento. La municipalidad ha participado en operativos y acciones de defensa en esa zona junto al Gobierno Regional”, indicó. Por ello, desde la ARA se ha emitido un comunicado y se están coordinando acciones legales para proteger el área, en paralelo a posibles demandas ciudadanas.

También se prevé un pronunciamiento de la Comisión Ambiental Regional (CAR), donde se estudia impulsar denuncias legales y registrar más zonas frágiles, como Totoroyacu, para evitar nuevas amenazas a los últimos ecosistemas urbanos de la región.

Villavicencio enfatiza que “las municipalidades no pueden redibujar el mapa ambiental a su antojo”, y menos aún ignorar registros y antecedentes oficiales desde 2017 hasta la actualidad.

“Hay que dejar registro público para que no digan que no sabían. Sí sabían, y aun así actuaron”, concluye.