Con la finalidad de darle un seguimiento especializado en los casos existentes de presunta corrupción y denunciados por la Contraloría General de la República (CGR) ante el Ministerio Público, la congresista Esther Saavedra solicitó al ministro de Justicia Gustavo Adrianzén, la designación de un procurador especializado y exclusivo. Como se sabe existen cerca de 17 denuncias penales formuladas por la CGR que han sido parte de las acciones de control desarrolladas en el marco de la “Operación Verde”, donde encontraron responsabilidad penal y administrativa en autoridades y funcionarios, como el alcalde, gerente municipal, gerente de infraestructura, jefe de la Unidad de Logística, de Tesorería, residente y supervisor de obra de la municipalidad distrital de Nueva Cajamarca, por un perjuicio económico de más de S/.715 mil nuevos soles y una malversación de casi S/. 350 mil nuevos soles.
De igual forma el informe de la Contraloría, encontró responsabilidad civil y administrativa en los directores de infraestructura y coordinadores de la obra del Proyecto Especial Alto Mayo, con un perjuicio económico de casi S/. 680 mil nuevos soles, en el que estarían involucrados los directores de infraestructura y coordinadores de obra. En el caso de la Municipalidad Distrital de Soritor el perjuicio económico es mayor, llegando aproximadamente a S/. 4 millones de nuevos soles, encontrándose responsabilidad penal y administrativa de irregularidades, al alcalde, gerente municipal, jefe de abastecimiento, de operaciones, de almacén, de asesoría jurídica, Comité especial de proceso de selección, jefe de supervisión, gerente de infraestructura, coordinador de obra, y a los miembros del comité de recepción de obra.
Otros de las acciones de control que realizó la Contraloría General de la República figura la de la Municipalidad Provincial de Rioja, en donde se halló responsabilidad civil y administrativa por un perjuicio económico de más de dos millones de nuevos soles al gerente de infraestructura y desarrollo territorial, gerente de infraestructura y desarrollo urbano, presidente de comité de recepción de obras y otros. En la Municipalidad Distrital de la Banda de Shilcayo también se encontró responsabilidad penal, civil y administrativo contra el gerente de desarrollo urbano y rural, el jefe de la división de Infraestructura, presidente y miembros del comité especial. En este caso se halló un perjuicio económico de cerca de S/. 280 mil nuevos soles.
“En el informe que nos trasladó la Contraloría figura también el Proyecto Especial Huallaga Central Bajo Mayo, del Gobierno Regional de San Martín, en donde se auditó el proyecto “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Juanjuí”. Esta obra se recepcionó en forma irregular y fue ejecutada por el Consorcio Aguas de San Martín, pese a no encontrarse totalmente operativa. Aquí también se hallaron responsabilidades penales por negociación incompatible y administrativa a los funcionarios involucrados del comité de recepción de obra.
