Gobierno irrumpe en SENACE
Mariano Castro SM, Exviceministro de Ambiente
Rehuyendo de las prioridades de la política nacional del ambiente, especialmente las orientadas al mejoramiento del desempeño ambiental de las inversiones, y, además, sin considerar las opiniones técnicas de las principales entidades que conforman el sistema nacional de evaluación de impacto ambiental; el gobierno nacional ha dispuesto la reorganización del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, a través del DS 009-2024-MINAM, publicado en edición no ordinaria del diario oficial.
El SENACE fue creado para superar los graves problemas de calidad técnica, desconfianza, conflictividad social, de eficiencia y de gobernanza de las evaluaciones ambientales de los proyectos de inversión que se ejecutaban ante los diversos ministerios. Por ello, su creación y funcionamiento ha significado un avance importante en la modernización del Estado. Más aún si consideramos que el rol del SENACE es de garantizar la evaluación de la viabilidad ambiental de los grandes proyectos de inversión públicos y privados, así como para contribuir al desarrollo territorial y sostenible del país.
Las evaluaciones ambientales son procesos imprescindibles para identificar anticipadamente los posibles impactos que un proyecto puede tener en el ambiente y en las comunidades cercanas. De ninguna manera pueden ser considerados como simples trámites, pues en estos procesos se debe identificar y seleccionar las alternativas que prevengan y reduzcan los daños ambientales, garantizando el acceso a la información y participación de la población, lo que fomenta la transparencia en el proceso de toma decisiones.
Es decir, se trata de garantizar los derechos humanos para acceder a un ambiente saludable, limpio y sostenible; así como para garantizar que los proyectos de inversión se desarrollen de manera responsable y sostenible, protegiendo el medio ambiente y mejorando la calidad de vida de las personas.
El SENACE ha venido asumiendo progresivamente la competencia de la certificación ambiental desde el año 2015 con los subsectores de minería, hidrocarburos y electricidad, en el 2016 se transfirió transportes, en el 2017 Agricultura y residuos sólidos, en el 2021 vivienda y construcción y en el 2024 el subsector de Saneamiento.
Además, esta injustificada decisión gubernamental de reorganización pasa por alto que desde su creación el SENACE ha venido impulsando acciones con los diversos sectores y entidades opinantes para mejorar las capacidades y los procesos a cargo del Estado, del sector privado y de las comunidades. Es decir, no se trató solamente de un proceso de transferencia de competencias de los ministerios al SENACE, sino que significó el impulso de cambios importantes frente a los problemas prexistentes en la gestión de las evaluaciones ambientales.
Lamentablemente no todos los sectores, entidades opinantes ni, además, las empresas que presentan sus estudios de impacto ambiental han seguido el ritmo de modernización impulsado por SENACE. Así tenemos que, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, es una de las que se demoran mucho más allá del tiempo previsto en la normatividad para emitir su opinión técnica. Y, de otro lado, algunas empresas presentan deficientes estudios de impacto ambiental y, además, dilatan aún más los plazos presentando información parcial y con reiterados documentos complementarios que requieren nuevas evaluaciones. Todo esto, obviamente debe ser mejorado pues no es admisible que haya casos en que los plazos llegue a duplicarse respecto de lo establecido en la normativa.
¿Por qué no se hicieron las mejoras en la ANA? ¿Por qué hay voceros que solo hablan de tramitología cuando parte del problema es la deficiente calidad o malas prácticas de los titulares de los proyectos de inversión?
Para avanzar se debe fortalecer las capacidades y procesos, bajo un enfoque de derechos, tanto a las entidades opinantes, a los titulares de los proyectos de inversión como a las comunidades involucradas.
Los cambios que se han venido impulsando deben ser continuados y optimizados. Por ejemplo, con la creación en el 2016 “IntegrAmbiente” para integrar diversos títulos habilitantes en el proceso de evaluación de un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d), bajo la Certificación Ambiental Global; se mejoró la calidad de las evaluaciones ambientales y, además, se ahorró tiempo en la obtención de los títulos habilitantes involucrados a través de la utilización de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental, “EVA”.
Otro cambio importante fue cuando en el 2022, se creó el Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental (PUPCA), a través del que se estandariza las etapas, plazos y requisitos de diez procedimientos administrativos a cargo del SENACE, relacionados con la evaluación ambiental. Esto con la finalidad de potenciar los procesos de evaluación ambiental y participación ciudadana, generando mayor predictibilidad y transparencia. Sin embargo, el actual gobierno decidió, injustificadamente, mediante DS N°006-2023-MINAM suspender la aplicación del PUCPA hasta el 1 de enero del 2025 ¿Ahora con el pretexto de la reorganización del SENACE el gobierno volverá a postergar la aplicación del PUCPA?
También se han impulsado cambios en la gestión social de la evaluación ambiental, por ejemplo, con las acciones de interculturalidad en base a una Agenda Indígena, la que debe ser materia de mayores diálogos y mejoras. De otro lado, también hay cambios organizativos respecto a la situación anterior a cargo de los sectores, tales como los esfuerzos para desarrollar capacidades de los gobiernos regionales y consultores regionales. O las acciones orientadas a la prevención de conflictos en las que se informa de sobre el estado de los proyectos y se promueve la participación ciudadana. O el Registro Nacional de Consultoras Ambientales (1,200 consultoras) que busca el mejoramiento de la calidad técnica de las mismas. También está el Registro Administrativo de más de 9 mil Certificaciones Ambientales otorgadas por los sectores y por el SENACE.
Según estadística oficial, desde su fundación hasta el mes de octubre de este año, el SENACE ha evaluado más de 3,000 expedientes relacionados con proyectos de inversión privados y públicos. De esta cantidad 80 son Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) y modificaciones (MEIA-d) que suman más de 34 mil millones de dólares en inversiones sostenibles. Además, también según estadística oficial, el SENACE ha conducido procesos de participación ciudadana en sus procesos de certificación ambiental, a través de más de 1100 talleres y audiencias públicas, en los que han participado más de 68 mil personas.
Este proceso de desarrollo institucional no debe ser maltratado. Por el contrario, tal como ya lo recomendó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en la última Evaluación del Desempeño Ambiental del Perú, hay que “Continuar el proceso de fortalecimiento e implementación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), de modo que facilite una gestión ambiental eficiente e independiente mediante un sistema de ventanilla única y sea el referente técnico de los estudios EIA”. Mejorar los servicios públicos no debe pasar por decisiones que irrumpen o traban los esfuerzos de desarrollo institucional que han estado orientados a garantizar la autonomía técnica, especialización y generar mayor confianza social.
Sobre el tema la opinión de la ex ministra de medio ambiente Albina Ruiz
Esta iniciativa la he promovido y que luego fue complementada por otros colegas, es importante señalar que SENACE es una institución autónoma tanto técnica como legalmente así está su ley de creación está adscrita al Minam por las funciones pero no indica que el MINAM puede decidir qué hacer y además transcribiendo la ley, creo que es importante escuchar a los propios trabajadores pero también es importante señalar que incluso la presidencia de este de esta institución es por concurso ni siquiera es un cargo de confianza entonces es importante que sigan manteniendo su autonomía tanto técnica como legal y no puede actuarse políticamente, de lo contrario no le da credibilidad, si bien es cierto que hay que mejorar los procesos que ya en nuestra gestión incluso hemos definido que los opinantes puedan trabajar de manera conjunta esto acelera los tiempos de revisión.
