La prefecta regional Lelis Perea del Águila advirtió que las solicitudes de protección corresponden principalmente a defensores ambientales de comunidades nativas, pero la falta de recursos y medios fluviales dificulta la atención policial.
La prefecta regional Lelis Perea del Águila reveló que en las subprefecturas de San Martín existen actualmente cerca de 20 pedidos de garantías personales presentados por defensores ambientales y representantes de comunidades nativas que consideran estar en situación de riesgo. Señaló que estos casos requieren una atención especial por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de quienes defienden sus territorios y recursos naturales.
Perea del Águila explicó que uno de los principales problemas es la falta de autoridades políticas en algunas zonas de la región, especialmente en sectores alejados donde existe una importante presencia de comunidades indígenas. Esta situación dificulta la labor de las subprefecturas, que cumplen el papel de articuladoras entre las comunidades y las diferentes instituciones del Estado.
La funcionaria también recordó el asesinato del Apu Quinto Inuma Alvarado, quien contaba con garantías personales antes de ser victimado en la comunidad nativa de Santa Rosillo de Yanayacu. Indicó que este caso demuestra los riesgos que enfrentan los defensores ambientales y las dificultades que existen para garantizar su protección efectiva en zonas de difícil acceso.
Según Perea del Águila, aunque las garantías personales son otorgadas, la Policía Nacional enfrenta serias limitaciones para acudir a las comunidades que requieren protección. Precisó que muchas de estas localidades solo cuentan con acceso por vía fluvial y que la institución policial no dispone de suficientes embarcaciones ni recursos para realizar estos desplazamientos.
Ante esta situación, la prefecta consideró urgente fortalecer la presencia del Estado en las comunidades nativas y dotar a la Policía de los recursos necesarios para atender los pedidos de garantías. Remarcó que los cerca de 20 casos registrados en las subprefecturas constituyen una señal de alerta sobre la situación de los defensores ambientales en San Martín. Por: Hugo Anteparra
