La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), Zona Registral sede Moyobamba, ha notificado al Gobierno Regional de Loreto una serie de observaciones respecto a la solicitud de inscripción del predio rústico denominado «Tujano», ubicado en Yurimaguas. En la esquela de observación, la SUNARP detalla diversas razones para suspender el proceso registral, entre ellas la necesidad de emitir correctamente la resolución de reversión del predio al patrimonio del Estado y subsanar omisiones en la documentación técnica presentada.
Según el documento, se exige corregir la Resolución Ejecutiva Regional en los puntos observados, así como presentar copia certificada de la Resolución Gerencial N°047-2025-GRL-GERDAGRI-L del 17 de febrero de 2025, que dispone la resolución total del contrato de adjudicación. Asimismo, se solicita especificar los predios que fueron transferidos a entidades del Estado, indicando el área correspondiente y adecuando los planos y la memoria descriptiva. Como parte del procedimiento, el Gobierno Regional también deberá cancelar derechos registrales por un monto de S/ 84,312.80.
Este proceso de reversión se produce luego de varios años de controversias judiciales y administrativas en torno al exfundo Tujano, donde actualmente viven más de 2 mil familias distribuidas en cinco asentamientos humanos. Estas tierras, que suman aproximadamente 54 hectáreas, fueron originalmente adjudicadas por el Estado con fines agrícolas a título oneroso. Sin embargo, con la ocupación precaria iniciada hace más de una década, Arón Zumarán, heredero del antiguo propietario, emprendió acciones legales para desalojar a los posesionarios, mientras otros optaron por negociar directamente y obtener títulos de propiedad, a pesar de estar dentro del área revertida.
El presidente del A.H. Villa del Paranapura, Belcher Angulo, señaló que el Gobierno Regional, a través de GERDAGRI, ya trabaja en el levantamiento de las observaciones con la finalidad de lograr la inscripción a nombre del Estado, lo que permitiría brindar seguridad jurídica a las familias que habitan la zona.