La audiencia judicial destinada a evaluar la acción de amparo interpuesta para proteger la laguna de Ricuricocha fue suspendida sorpresivamente la mañana de ayer miércoles, generando malestar entre los representantes de la Asociación Pro Ricuricocha y los ciudadanos que esperaban una decisión sobre la validez de la ordenanza municipal que autoriza el desarrollo urbanístico en la zona. El proceso buscaba determinar la legalidad de la Ordenanza Municipal N.° 022-2025, que permite el avance de un plan específico en los alrededores del recurso natural.
De acuerdo con la información proporcionada por los representantes de la asociación demandante, la sesión virtual debía iniciar a las 10:00 a.m., pero minutos antes se notificó su suspensión. El motivo habría sido la presentación fuera de plazo de medios probatorios y un recurso de nulidad por parte de la contraparte, lo cual obligó al Primer Juzgado Civil de Tarapoto a postergar la audiencia hasta nuevo aviso. Esta decisión sorprendió a los asistentes y generó malestar en los defensores del ecosistema de Ricuricocha.
El abogado Napoleón Anstrong Salas Velázquez, asesor legal de la Asociación Pro Ricuricocha, manifestó que esta situación retrasa un proceso de carácter constitucional que debería resolverse con celeridad. Indicó que la acción de amparo busca dejar sin efecto la ordenanza municipal aprobada por la Municipalidad Provincial de San Martín, por considerar que vulnera normas ambientales y pone en riesgo la sostenibilidad de la laguna, uno de los principales atractivos naturales de la provincia.
Salas añadió que su equipo legal se encuentra a la espera de la notificación formal sobre el recurso interpuesto, a fin de responder conforme a los plazos establecidos por la ley. Asimismo, expresó su preocupación por lo que calificó como una posible estrategia para dilatar el proceso, afectando el derecho de la población a un medio ambiente saludable y la conservación de un espacio de valor ecológico y turístico.
Por otro lado, se conoció que la subgerente de Catastro de la Municipalidad Provincial de San Martín solicitó desistirse de su participación como parte técnica dentro del caso, hecho que generó cuestionamientos, ante ello, la abogada Cristina del Águila Arévalo, señaló que es ella quien tiene que responder el sustento técnico para la aprobación de la ordenanza.
Hasta el momento, el juzgado no ha informado cuándo se reprogramará la audiencia, mientras la Asociación Pro Ricuricocha reafirma su compromiso de continuar con la defensa legal y ambiental de la laguna. Por: Hugo Anteparra
