«La licencia social no se firma en una oficina: se construye respetando el agua, el territorio, la cultura y la voluntad de quienes viven en la Amazonía.»

“Preocupa silencio de autoridades regionales, congresistas electos y en ejercicio, se prevé construir 03 helipuertos y 40 plataformas”Rómulo Fernández

La autorización otorgada por SERFOR Nacional para actividades de desbosque vinculadas al proyecto de Hannan Metals Perú S.A.C. ha reavivado el debate sobre la legitimidad social de la actividad minera en la Amazonía. Dirigentes, organizaciones ambientales y representantes de la población de Tabalosos sostienen que no bastan los pronunciamientos institucionales: exigen acciones concretas del Gobierno Regional de San Martín, una posición clara de los congresistas electos y el respeto a las zonas de especial protección ambiental, cultural e hídrica donde nacen las fuentes de agua que abastecen a la población.

La controversia por las actividades de exploración minera en el distrito de Tabalosos, provincia de Lamas, vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de garantizar la licencia social, el respeto a los recursos hídricos y el cumplimiento estricto de la normativa ambiental en la Amazonía peruana y cumplimiento al informe del Ministerio de Cultura – CIRA-.

Según informó Rómulo Fernández, presidente de la Defensoría de Agua y Bosques Amazónicos, el 4 de noviembre de 2024, SERFOR Nacional otorgó autorización a Hannan Metals Perú S.A.C. para realizar trabajos de desbosque en diversos puntos de la concesión minera, incluyendo la habilitación de 03 helipuertos y 40 plataformas de exploración, algunas de las cuales ya habrían sido construidas.

Fernández sostuvo que la decisión genera preocupación debido a que, previamente, las solicitudes relacionadas con áreas de servidumbre habrían recibido observaciones o negativas por parte de entidades como la Autoridad Regional Ambiental (ARA) y organismos responsables de la administración de bienes estatales. Indicó además que la población tomó conocimiento de la autorización recién en abril de 2025, varios meses después de que la propia Dirección Nacional de SERFOR comunicara oficialmente la resolución a la oficina regional de la entidad el 5 de noviembre de 2024.

Ante esta situación, dirigentes y representantes de la sociedad civil solicitaron una reunión con la vicegobernadora regional y participaron posteriormente en una mesa de trabajo integrada por la Procuraduría Regional, el ARA, la Dirección Regional de Energía y Minas y otras dependencias del Gobierno Regional de San Martín. Como parte de ese proceso, se efectuaron visitas de campo a sectores de Cachiyacu, Pucayo y otras zonas comprendidas dentro de la autorización.

Los hallazgos preliminares, según Fernández, habrían identificado elementos de alta sensibilidad ambiental. En uno de los espacios autorizados para la construcción de un helipuerto de 20 por 20 metros, se constató la presencia de bosque primario y una naciente de agua dentro del área delimitada. Durante el recorrido, los participantes identificaron aproximadamente 13 nacientes de agua en un solo corredor de acceso, varias de ellas vinculadas al sistema hídrico que abastece a poblaciones de la zona.

La preocupación va más allá de un punto específico. Los dirigentes sostienen que en el área de influencia de la concesión existen nacientes que alimentan cerca de siete quebradas, formando parte de un sistema hídrico fundamental para el abastecimiento de Tabalosos. Por ello, consideran indispensable que las autoridades regionales actúen con celeridad y firmeza. “No bastan los pronunciamientos; corresponde ejercer las acciones administrativas y legales que permitan proteger el recurso hídrico”, señalaron durante la entrevista.

Fernández cuestionó además el procedimiento seguido por SERFOR Nacional, al considerar que la autorización habría sido otorgada sin una adecuada verificación en campo. Recordó también que el 1 de diciembre de 2024 se reportó la presencia de una funcionaria de SERFOR en una camioneta vinculada a la empresa minera durante un desplazamiento hacia las localidades de Cachiyacu y Pucayo, situación que, a juicio de los dirigentes, merece una explicación institucional para garantizar transparencia y confianza pública.

Por su parte, el profesor Cortegana, presidente del Frente de Defensa de Tabalosos, anunció que la población se prepara para una asamblea pública donde se evaluarán nuevas acciones de defensa del territorio y de las fuentes de agua.

Señaló que el pueblo espera una respuesta clara del Gobierno Regional de San Martín congresistas en ejercicio y electos y recordó que la principal preocupación está relacionada con el abastecimiento de agua para consumo humano.

El dirigente explicó que actualmente la población recibe agua principalmente de las quebradas Polopunta y Cumbaquiwi, pero advirtió que varias fuentes ubicadas en la parte alta de la cuenca se encuentran dentro de áreas concesionadas para actividad minera. En un contexto donde ya existen problemas de abastecimiento, cualquier afectación adicional podría agravar la situación de cientos de familias.

Otro aspecto que genera preocupación es el patrimonio cultural.

Según informó Cortegana, recientes evaluaciones realizadas con participación del Ministerio de Cultura habrían reconocido la existencia de evidencias arqueológicas en al menos siete sectores de la zona de estudio. Asimismo, se habría recomendado profundizar las investigaciones relacionadas con una posible ruta del Qhapaq Ñan que conectaría Lamas, Tabalosos y Moyobamba, elemento que podría incrementar el valor patrimonial del área y requerir mayores niveles de protección.

Los dirigentes también cuestionan la falta de reconocimiento de la ocupación histórica y el uso tradicional del territorio por parte de pobladores asentados en la zona. Aunque la empresa sostiene que las concesiones se ubican en bienes del Estado, las organizaciones sociales afirman que cualquier intervención debe considerar a quienes habitan, trabajan y dependen de esos ecosistemas para su subsistencia.

En este contexto, las organizaciones sociales consideran que el debate no debe politizarse, pero sí exige definiciones claras de quienes asumirán responsabilidades públicas. Por ello, hicieron un llamado a los congresistas electos por San Martín, de Fuerza Popular y Juntos por el Perú y congresistas en funciones – su chamba finaliza el 28 de Julio – recordó el dirigente, para que actúen y  se expresen públicamente su posición respecto a la defensa de las fuentes de agua, el patrimonio arqueológico y el respeto a la voluntad de las comunidades locales.

Para los dirigentes, la discusión de fondo no se limita a una autorización administrativa.

Se trata de determinar si un proyecto extractivo cuenta realmente con la licencia social necesaria para operar en un territorio donde convergen recursos hídricos estratégicos, ecosistemas de bosque primario y posibles evidencias del patrimonio cultural amazónico. Mientras se espera el informe final de la comisión técnica conformada por el Gobierno Regional, la población de Tabalosos insiste en que la prioridad debe ser la protección del agua, la transparencia institucional y el respeto a los derechos de las comunidades que habitan la zona.