La caída de una exmagistrada de Lima Este revela cómo el crimen organizado puede infiltrarse en espacios encargados de impartir justicia, golpeando la confianza ciudadana en las instituciones del sistema judicial.

La historia de Carmen López Chávez, exfiscal de flagrancia de Lima Este, ha pasado en pocos meses de representar la lucha contra la delincuencia a convertirse en uno de los casos más sensibles para el sistema judicial peruano. Hoy, la exmagistrada permanece prófuga tras ser señalada por el Ministerio Público como presunta integrante de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas hacia Europa.

El Poder Judicial ordenó 15 días de detención preliminar contra López Chávez, así como contra su madre, su hermano y otros presuntos integrantes de la red criminal. La investigación sostiene que el grupo captaba “burriers” o “mulas humanas” para trasladar cocaína hacia países como España e Italia, financiando pasajes y coordinando la logística del viaje.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la exmagistrada habría ingresado al entorno del narcotráfico en el año 2022, tras iniciar una relación sentimental con Juan Bonifacio Muñoz Tarazona, alias “Narizón”, sindicado por la Policía como presunto narcotraficante que operaba en San Juan de Lurigancho.

La relación quedó expuesta públicamente en abril de 2024, cuando ambos fueron víctimas de un ataque armado perpetrado por sicarios. Durante el atentado, Muñoz Tarazona murió de un disparo en la cabeza, mientras que López Chávez logró sobrevivir ocultándose de las balas. Posteriormente, ella misma se identificó ante los agentes policiales como pareja del fallecido.

Sin embargo, lejos de apartarse de ese entorno tras la muerte de “Narizón”, las investigaciones policiales apuntan a que la entonces fiscal habría asumido un papel más activo dentro de la estructura criminal. Según las pesquisas, inicialmente colaboraba con la compra de pasajes y la coordinación de viajes para las mulas humanas, pero luego habría tomado participación directa en operaciones de presunto lavado de dinero, involucrando incluso a miembros de su familia.

La situación se agravó el pasado 14 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron junto a representantes del Ministerio Público al despacho de López Chávez para ejecutar la orden de captura. No obstante, la exfiscal ya no se encontraba en su centro de labores.

Fuentes institucionales señalaron que, ese mismo día, la investigada intentó tramitar vacaciones urgentes entre el 15 y el 23 de mayo como aparente estrategia para facilitar su huida. Aunque la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Este declaró improcedente el pedido, López Chávez dejó de asistir a trabajar y pasó a la clandestinidad.

Ante el abandono de funciones, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Lima Este informó formalmente la ausencia de la magistrada y solicitó la conclusión inmediata de su nombramiento.

Cabe recordar que Carmen López Chávez había asumido funciones el 6 de septiembre de 2024, teniendo a su cargo investigaciones y procesos relacionados con delitos de alta peligrosidad y organizaciones criminales. Hoy, las mismas instituciones a las que perteneció intentan ubicarla mientras el caso continúa generando cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno y la vulnerabilidad del sistema frente al avance del crimen organizado.