El máximo intérprete de la Constitución determinó que la acción penal prescribió y que no podía aplicarse retroactivamente la figura de crimen de lesa humanidad, declarando nula la sentencia de 2023.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada en parte la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Daniel Belizario Urresti Elera y dispuso su inmediata libertad, al anular la condena de 12 años de pena privativa de la libertad que se le impuso por el asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra y por tentativa de homicidio en agravio de Eduardo Yeni Rojas Arce. La decisión se sustenta en que la sentencia vulneró el principio de legalidad penal y fue emitida cuando la acción penal ya había prescrito por hechos ocurridos en 1988.

En su parte resolutiva, el TC precisó: “Declarar fundada en parte la demanda en lo concierne al derecho a la legalidad penal y a la prescripción de la acción penal. En consecuencia, declara NULA la sentencia de fecha 12 de abril de 2023, aclarada e integrada mediante resolución del 13 de abril de 2023, en el extremo que condenó a don Daniel Belizario Urresti Elera a doce años de pena privativa de la libertad por el delito de asesinato bajo la circunstancia agravada de alevosía, en agravio de don Hugo Bustíos Saavedra, y por el delito de asesinato en grado de tentativa, en agravio de Eduardo Yeni Rojas Arce; y NULA la resolución suprema de fecha 19 de julio de 2024, que declaró no haber nulidad en la referida sentencia”.

El colegiado constitucional concluyó que no podía aplicarse retroactivamente la figura de crimen de lesa humanidad a los hechos imputados, dado que ello contravendría el principio de legalidad, eje fundamental del sistema penal. En esa línea, ordenó que se ejecute la libertad inmediata del exministro, conforme a lo detallado en el fallo.

En paralelo, el caso ha tenido repercusiones políticas. El TC también incorporó al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en el proceso constitucional relacionado con la demanda de Daniel Urresti. Asimismo, Juanita Pastor Talledo, esposa del exministro, anunció su candidatura al Senado por el Partido Podemos Perú, en medio del nuevo escenario judicial.

La decisión del Tribunal Constitucional reabre el debate jurídico y político en torno a la aplicación de la prescripción en delitos graves cometidos durante el conflicto interno y sobre los alcances del principio de legalidad penal en el ordenamiento peruano.