VOCES entrevistó al abogado Rubén Rengifo López, defensor legal del ingeniero Ernesto Peña Robalino, para conocer la situación jurídica del exalcalde y los motivos por los cuales el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no ha reactivado sus credenciales, a pesar de haber sido liberado tras una prolongada prisión preventiva.
¿Cuál es la situación legal del ingeniero Ernesto Peña Robalino?
Mira, la condición actual del ingeniero Ernesto Peña dentro del proceso judicial es de acusado. El caso se encuentra en apelación por parte del abogado del empresario Osmar Torres, quien presentó un recurso contra el auto de enjuiciamiento. Mientras ese punto no se resuelva, el juzgado no señalará fecha de inicio para el juicio oral.
Respecto a su libertad, Ernesto Peña fue excarcelado por exceso de prisión preventiva, y actualmente tiene tres restricciones: Pago de caución – No ausentarse de su localidad – Presentarse ante las autoridades cuando sea citado.
Estas restricciones, sin embargo, no están vinculadas a ninguna decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Son disposiciones del Poder Judicial.
¿Qué ocurre con la restricción de no ausentarse de la localidad si él asume nuevamente la alcaldía?
Hemos apelado ese extremo de la resolución judicial, específicamente porque como alcalde él debe viajar constantemente por razones de gestión, y no podemos estar solicitando autorización judicial cada vez. Esa es una limitación que debe corregirse y estamos esperando que la Sala se pronuncie al respecto.
¿Qué papel juega el Jurado Nacional de Elecciones en este proceso?
Se ha dicho, erróneamente, que las restricciones judiciales impiden la reactivación de las credenciales. Eso no es cierto. Hay pronunciamientos previos del JNE en casos similares donde, una vez concedida la libertad, los funcionarios han podido retomar sus cargos.
Lo que ha ocurrido aquí es que el JNE solicitó información al Poder Judicial, y este ha tardado en responder. Ya el pasado viernes, se entregó la segunda información requerida, y esperamos que en el transcurso de esta semana se emita la resolución de reactivación.
¿Hay jurisprudencia que respalde la reactivación de sus credenciales?
Sí, hay varios antecedentes. El principio fundamental es el de presunción de inocencia: mientras no exista una sentencia condenatoria, no se puede limitar el ejercicio de derechos civiles o políticos.
Ernesto Peña está sometido a proceso, pero aún no ha sido condenado. Por tanto, tiene pleno derecho a ejercer el cargo para el que fue elegido democráticamente.
Se habla de escritos presentados para impedir su retorno…
Sí, han presentado escritos ante el JNE y también al Consejo Municipal. Uno de ellos es del señor Pablo Sánchez, que solicita que no se reactiven las credenciales. Pero estos documentos no tienen sustento legal. El JNE ya se ha pronunciado en casos similares: una persona en proceso judicial, pero en libertad, puede seguir ejerciendo el cargo.
¿Considera que hay intereses políticos detrás de la demora?
Definitivamente. Hay intereses ajenos al sistema judicial que están buscando que esta situación se prolongue. Se ha escuchado en audios y se ha visto en videos la intervención de los hermanos Lavado, quienes incluso son mencionados en investigaciones.
Además, recientemente se han hecho acusaciones directas contra los fiscales que llevaron el caso de Peña, quienes habrían actuado con inusual diligencia. Es más, la fiscal a cargo fue apartada tras inconsistencias detectadas en su actuación. Entiendo que presentó su renuncia, y esta fue aceptada por el Ministerio Público.
¿Cuál es el vínculo de los hermanos Lavado con la gestión actual?
Lo que se conoce es que no tienen un cargo oficial ni funciones en la municipalidad, pero han sido mencionados en diversas investigaciones, incluso como colaboradores eficaces. Lo que llama la atención es que, mientras el caso de Ernesto Peña avanzó rápidamente, los procesos contra los hermanos Lavado están prácticamente paralizados.
¿Qué espera ahora su defensa?
Con la documentación judicial ya presentada y sin ningún impedimento legal vigente, solo queda que el Jurado Nacional de Elecciones cumpla con su deber y reactive las credenciales de Ernesto Peña Robalino.
Esto no es solo por su derecho como autoridad electa, sino por el bien de Moyobamba, que hoy está a la deriva. La ciudad necesita a su alcalde legítimamente elegido. Y eso debe suceder en los próximos días