Una acalorada reunión se registró ayer entre representantes del comité Pro Ricuricocha y regidores de la Municipalidad Provincial de San Martín, luego de que se cuestionara la validez del plan específico para la habilitación urbana en la zona de la laguna. El jefe de la oficina de asesoría jurídica, Jesús Orlando Pinedo Barrutia, reconoció que solo se realizó una consulta pública y no una audiencia, como exige la normativa.
Durante la sesión, la secretaria general de la municipalidad, Nancy Paola Tantarico García, intentó sostener que sí se había cumplido con el requisito, pero finalmente se aceptó que únicamente se trató de una consulta pública. Esta revelación generó preocupación, ya que la abogada Cristina del Águila Arévalo advirtió que la omisión invalida la ordenanza que aprobó el plan específico.
El abogado Octavio Alvarado Angulo emplazó directamente a los funcionarios para que expliquen cómo se logró aprobar la norma sin el requisito indispensable de la audiencia pública. Ante ello, los representantes del comité Pro Ricuricocha exigieron que la ordenanza quede sin efecto por incumplimiento de las disposiciones legales.
La situación se tornó tensa cuando algunos funcionarios señalaron sentirse insultados, lo que motivó la intervención de la regidora Blanca Díaz Cueva, quien pidió calma para continuar el diálogo. Finalmente, se acordó que el caso pase a la Comisión de Asesoría Legal, que será la encargada de evaluar y debatir el pedido de anular el plan específico para la urbanización de la Laguna Ricuricocha. Por: Hugo Anteparra
