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Trabajadores ex CAS COVID de San Martín solicitan su inclusión en el Presupuesto 2027 para hacer efectivo su nombramiento

La Ley N.° 32568 está vigente, pero sin financiamiento el proceso sigue paralizado

A siete meses de su publicación, la Ley N° 32568 sigue sin ejecutarse para miles de trabajadores de salud que atendieron en primera línea durante la pandemia. Por ello, los trabajadores ex CAS COVID de la región San Martín solicitan al Congreso de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027 incluya los recursos necesarios para hacer efectivo su nombramiento.

La norma, publicada oficialmente el 25 de marzo de 2026, autoriza excepcionalmente el nombramiento e incorporación del personal asistencial y administrativo ex CAS COVID a regímenes laborales estables del sector público. El proceso se ejecuta por única vez, de forma progresiva y excepcional, durante un periodo de cinco años desde su entrada en vigencia.

La ley dispuso que el proceso se iniciara a los treinta días hábiles de su vigencia, pero condicionado a la disponibilidad presupuestal de cada entidad. Esa condición es hoy el principal obstáculo: según el sindicato regional, el proceso permanece paralizado porque el MEF aún no habría asignado los recursos necesarios para su ejecución.

Respaldo parlamentario en San Martín

El Sindicato Unificado de Trabajadores del Bicentenario del Sector Salud de la Región San Martín (SUTBISSA), filial de FENATBISSA, se reunió con la diputada Jacqueline Viviana Tapullima Insapillo durante su semana de representación y obtuvo su respaldo a la demanda de asignación presupuestal para el nombramiento definitivo de los ex CAS COVID de la región. La agenda incluyó tres puntos:

  • Priorizar el debate presupuestal en el Pleno para que el MEF destine los fondos.
  • Garantizar la continuidad laboral en las redes de salud de Tarapoto, Moyobamba, Juanjuí, Rioja y Tocache.
  • Brindar acompañamiento técnico en la revisión de expedientes, en coordinación con el Comité de Auditoría y la Contraloría General de la República.

El secretario general del SUTBISSA, Mauro Sángama Díaz, resumió la situación así: “La ley existe, pero sin fondos es una promesa vacía”.

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