El Estado de Emergencia sanitaria que vive nuestro país, por el impacto del COVID – 19, es uno de los períodos más difíciles de nuestra historia.
Esta pandemia de características aún desconocidas, de rápida propagación y para la que no existe vacuna ni tratamiento certero, ha paralizado a la humanidad. En el Perú, en sólo dos meses, se han perdido más de 1,440 vidas y hay más de 51,000 casos. La enfermedad crece imparable ante un sistema de salud colapsado y sobrepasado.
La crisis sanitaria y la estrategia implementada, han puesto en evidencia los graves problemas estructurales que se arrastran desde hace varias décadas, como la precariedad en los servicios públicos de salud, educación, pobreza, brechas sociales, desigualdades, exclusión y los altos niveles de informalidad.
Uno de los principales flagelos que afecta al Perú es la corrupción que, en el contexto actual, es un grave obstáculo para toda estrategia de contención de la pandemia. Su impacto amenaza la vida y la sobrevivencia de la población y nos revela la urgencia de combatirlo.
En un importante esfuerzo, el Estado Peruano ha señalado que se destinará el 12% del PBI para afrontar la pandemia y sus efectos. Según el MEF, hasta la fecha, se ha dispuesto cerca de S/.7 mil millones de soles, destinados principalmente, para rescatar el sistema sanitario nacional, tras décadas de abandono y de privatización de los servicios públicos; así como, para la distribución de bonos, alimentos y medicinas para garantizar el derecho a la vida y la salud de la población, especialmente, la más vulnerable.
Por lo tanto, debe tomarse en cuenta que, en la emergencia y consecuente celeridad en los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, constituyen un grave atentado contra la sociedad, los condenables casos de aprovechamiento corrupto de esos recursos.
La transparencia, veracidad y apertura de la información y datos oficiales sobre los procesos de manejo y ejecución presupuestal y las decisiones públicas, son una obligación ineludible del Estado. Más aún cuando el Presidente invoca permanentemente el compromiso ciudadano para contener y derrotar la pandemia.
En ese marco, es positivo las iniciativas por mantener sistemas de información integrados y públicos como: el Sistema Integrado de Gestión de la Emergencia Sanitaria, el Portal Nacional de Datos Abiertos de la Presidencia del Consejo de Ministros; los portales del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en los cuales se incluye información sobre inversión y contrataciones públicas. Combatir el virus de la corrupción es tarea de la ciudadanía organizada.