El presidente del Consejo de Ministros calificó de «escenario peligroso» las solicitudes de acceso a la información provenientes de los medios de comunicación y la ciudadanía. Ante ello, instituciones de la sociedad civil que defienden el derecho a la información pública se pronunciaron al respecto.
Tras la última reunión del Consejo de Ministros, el Premier Alberto Otárola brindó declaraciones a los medios de comunicación con detalles de los acuerdos alcanzados y se refirió a un caso por el que viene siendo investigado preliminarmente por el Ministerio Público.
Como se sabe, el jefe de gabinete es investigado por la supuesta contratación de la ciudadana Rosa Rivera Bermeo en la institución pública Devida. Según información periodística de Panorama, el premier habría favorecido a esta trabajadora con órdenes de servicio luego de sostener reuniones en la Presidencia del Consejo de Ministros.
“En estos diez meses o más de gobierno, no existe ningún acto de corrupción del gobierno que encabeza la presidenta Boluarte y más bien hemos entrado a un peligroso escenario en el que se pide información hasta por la marca del lápiz que utilizamos en nuestros escritorios, que por supuesto la van a tener. Permanentemente por el acceso a las vías de información por transparencia se nos ha pedido la relación de correos electrónicos, de nuestros WhatsApps, de las reuniones que tenemos, de nuestra caja chica, del uso del combustible; y reiteramos que van a tener acceso a toda esa información…”, expresó Otárola.
Usted debe saber
El acceso a la información pública es un derecho previsto en la Constitución Política del Perú por el cual todo ciudadano en el país puede requerir a las instituciones del Estado documentación creada en el marco de sus funciones, sin la necesidad de exponer los motivos por los que lo requiere o el modo en qué utilizará esta data. La información pública comprende oficios, actas, reportes estadísticos, manuscritos, correos electrónicos, etc., que permiten llevar a cabo una mejor fiscalización a las autoridades.
La periodista Patricia Hoyos considera que la negativa en los pedidos planteados a las instituciones de los diferentes niveles del Estado no solo va en contra de los principios de publicidad y accesibilidad, sino que «demuestran el poco interés en velar por la transparencia del país”. Además, precisa incluso, en otros casos, al requerir data sobre gastos de ‘caja chica’ de los gobiernos regionales, funcionarios se comunicaron con ellos “para preguntar el por qué y para qué queríamos acceder a esa información” cuando ningún ciudadano está obligado a motivar su solicitud.
“En mi opinión, se deben establecer estándares y mejores prácticas para la promoción de la transparencia y del derecho de acceso a la información en el país si a lo que aspiramos es tener instituciones públicas como verdaderas casas de cristal”, recalca.
Hoyos recuerda que, por ejemplo, durante la gestión de María del Carmen Alva como presidenta del Congreso, se pretendió cobrar S/ 1560 para acceder a copias de las rendiciones de cuentas de asesores parlamentarios durante la semana de representación cuando se había solicitado que la información se entregue de forma digital, lo cual es gratuito de acuerdo a ley.